"La libertad es la capacidad de ver y escoger las propias cadenas"
-Yo
-Yo
lunes, 23 de marzo de 2009
Otra buena cita, si me lo permiten (II)
De nuevo "si me lo permiten" porque de nuevo la cita es mía. Es evidente que tengo una afición por estas pequeñas perlas del lenguaje que encierran tanto significado en tan pocas palabras, y frecuentemente con elegancia. Esta frase se cruzó por mi mente como un destello durante un breve momento de distracción hoy en clase, y tras darle forma creo que expresa con bastante precisión una determinada visión sobre la libertad que, sin duda pero con matices, comparto:
jueves, 5 de marzo de 2009
1-M: dos lecciones de prudencia
Las elecciones del pasado domingo 1 de marzo han provocado un cambio en el equilibrio de fuerzas dentro de los parlamentos autonómicos a los que afectaban, con la previsible consecuencia de sendos cambios de gobierno. Sin embargo, lo que resulta más interesante de ellas no es quizá eso, sino las tendencias políticas que revelan:
Sin embargo, lo más interesante no es eso, sino el perfil del candidato ganador, Núñez Feijóo: hombre moderado, apuesta personal de Rajoy, dialogante y que hasta ahora se ha comportado con caballerosidad. Su victoria le manda un mensaje muy claro a la derecha española, y es un mensaje que beneficia a todos: un mensaje sobre cuál de las tres derechas que existen en nuestro país prefieren los ciudadanos. La victoria de Feijóo, que también es de Rajoy y en general de su ala del partido, le dice a la derecha que los ciudadanos quieren moderación. Que hay un espacio político para un partido conservador, pero para un partido conservador democristiano, moderado, pragmático, dialogante; no para un partido autoritario e intransigente. En suma, que la moderación gana elecciones y el extremo las pierde.
Si, tal como todo parece prever, al PP le va bien en las europeas y, sobre todo, si el PP vuelve finalmente a la Moncloa de la mano de Rajoy (que es el escenario más probable tras las próximas generales), el mensaje estará quedará aún más claro por reiterado: la derecha que quiere el electorado español es una moderada.
Esto sería muy beneficioso para todos, porque seguramente significaría el fin -o al menos el principio del fin- de la división de la derecha, o más exactamente, de la tendencia de una parte de la misma hacia posiciones ideológicas extremadas que fuerzan los mecanismos sociales e isntitucionales de la convivencia democrática. Es decir, significaría la -esperemos definitiva- democratización de la derecha española, la asunción por toda ella, y no sólo por una parte, de una verdadera cultura democrática. Y eso sería una excelente noticia: es algo que España necesita desde la Transición.
Galicia
Empezando en Galicia, nos encontramos con que el PP renueva su casi sempiterna mayoría absoluta en el parlamento, lo que le garantiza el gobierno. Es interesante señalar el impacto que ha tenido en esto la ley electoral autonómica, aprobada en los 80 por la mayoría del PP, que al establecer un umbral del 5% de los votos para que una candidatura obtenga representación parlamentaria genera un sistema tripartidista -PP, PSOE y BNG- que favorece claramente al PP por cuanto reduce las posibilidades reales a dos: gobierno del PP o gobierno de coalición PSOE-BNG.Sin embargo, lo más interesante no es eso, sino el perfil del candidato ganador, Núñez Feijóo: hombre moderado, apuesta personal de Rajoy, dialogante y que hasta ahora se ha comportado con caballerosidad. Su victoria le manda un mensaje muy claro a la derecha española, y es un mensaje que beneficia a todos: un mensaje sobre cuál de las tres derechas que existen en nuestro país prefieren los ciudadanos. La victoria de Feijóo, que también es de Rajoy y en general de su ala del partido, le dice a la derecha que los ciudadanos quieren moderación. Que hay un espacio político para un partido conservador, pero para un partido conservador democristiano, moderado, pragmático, dialogante; no para un partido autoritario e intransigente. En suma, que la moderación gana elecciones y el extremo las pierde.
Si, tal como todo parece prever, al PP le va bien en las europeas y, sobre todo, si el PP vuelve finalmente a la Moncloa de la mano de Rajoy (que es el escenario más probable tras las próximas generales), el mensaje estará quedará aún más claro por reiterado: la derecha que quiere el electorado español es una moderada.
Esto sería muy beneficioso para todos, porque seguramente significaría el fin -o al menos el principio del fin- de la división de la derecha, o más exactamente, de la tendencia de una parte de la misma hacia posiciones ideológicas extremadas que fuerzan los mecanismos sociales e isntitucionales de la convivencia democrática. Es decir, significaría la -esperemos definitiva- democratización de la derecha española, la asunción por toda ella, y no sólo por una parte, de una verdadera cultura democrática. Y eso sería una excelente noticia: es algo que España necesita desde la Transición.
País Vasco
Viajemos ahora al País Vasco. Al tiempo de escribir esto, la lehendakaritza de Patxi López no está aún decidida -el PNV juega su último órdago- pero parece, con mucho, lo más probable. En todo caso, y eso sí que está ya verificado, en el parlamento de Vitoria hay mayoría constitucionalista por primera vez desde el Estatuto de Gernika: unas elecciones históricas.
Por otra parte, se trata del primer parlamento vasco en el que todos los partidos condenan la violencia etarra, ya que en esta ocasión todas las candidaturas de la izquierda abertzale que no condenaron la violencia -que no todas las candidaturas de la izquierda abertzale- han sido ilegalizadas antes de la celebración de las elecciones. Es importante señalarlo por dos motivos:
En primer lugar, porque no es casual que coincida lo primero y lo segundo. Como señalan los expertos de La moqueta verde -blog de siempre recomendable lectura- en un reciente post, si el 8% de votos nulos (opción recomendada por la órbita de Batasuna) hubiese sido representado por un partido nacionalista en el parlamento, la mayoría constitucionalista sería imposible. En otras palabras, si las candidaturas de la izquierda abertzale que no condenaron la violencia hubiesen sido legales, los nacionalistas tendrían mayoría.
Es cierto que esto no es la única causa de la actual correlación de fuerzas. Es cierto que la distancia entre partidos nacionalistas y no nacionalistas tiende desde hace tiempo a reducirse (especialmente desde los 90); es cierto que el PSE ha subido espectacularme y que UPD ha obtenido un escaño; es cierto que en las pasadas generales el PSE fue el partido más votado en las tres provincias vascas, destronando por primera vez al PNV. Es innegable que se está produciendo un cambio en la escena política vasca...pero conviene no olvidar lo anterior.
En segundo lugar, y esto es lo más importante -y lo más esperanzador-, se ha producido un importante ascenso de Aralar, tanto en votos como en escaños. Hay que llamar la atención sobre esto porque Aralar es un partido de izquierda abertzale pero que condena la violencia. Y esto es importantísimo.
La izquierda abertzale existe, y no va a dejar de existir. Hasta ahora, la mayor parte de ella ha visto la violencia como un método aceptable de defender sus ideas (lo que ha quedado claro por su voto), constituyendo la base social de ETA. Si este sector empieza a expresarse políticamente por vías pacíficas y democráticas, abandonando la violencia, ETA se quedará sin apoyo en la sociedad vasca. Y eso y sólo eso es lo que puede traer su final definitivo: todos los grupos terroristas necesitan de un cierto grado de apoyo social, que les nutre de medios, de personal, y de legitimidad, actuando a su vez como su brazo desarmado. Si lo pierden, mueren.
Y ahí entra un partido como Aralar: es necesario un partido que proporcione a la izquierda abertzale un medio de expresión no violento. Es necesario un partido pacífico y de izquierda abertzale. Sólo si ésta ve que de este modo le va mejor abandonará la violencia, y habrá paz en el País Vasco. Tal partido es una condición indispensable para ello.
El ascenso de Aralar aún es un hecho aislado, pero si se convierte en tendencia podría ser una maravillosa noticia para el País Vasco y para toda España. Esperemos que así sea.
Por otra parte, se trata del primer parlamento vasco en el que todos los partidos condenan la violencia etarra, ya que en esta ocasión todas las candidaturas de la izquierda abertzale que no condenaron la violencia -que no todas las candidaturas de la izquierda abertzale- han sido ilegalizadas antes de la celebración de las elecciones. Es importante señalarlo por dos motivos:
En primer lugar, porque no es casual que coincida lo primero y lo segundo. Como señalan los expertos de La moqueta verde -blog de siempre recomendable lectura- en un reciente post, si el 8% de votos nulos (opción recomendada por la órbita de Batasuna) hubiese sido representado por un partido nacionalista en el parlamento, la mayoría constitucionalista sería imposible. En otras palabras, si las candidaturas de la izquierda abertzale que no condenaron la violencia hubiesen sido legales, los nacionalistas tendrían mayoría.
Es cierto que esto no es la única causa de la actual correlación de fuerzas. Es cierto que la distancia entre partidos nacionalistas y no nacionalistas tiende desde hace tiempo a reducirse (especialmente desde los 90); es cierto que el PSE ha subido espectacularme y que UPD ha obtenido un escaño; es cierto que en las pasadas generales el PSE fue el partido más votado en las tres provincias vascas, destronando por primera vez al PNV. Es innegable que se está produciendo un cambio en la escena política vasca...pero conviene no olvidar lo anterior.
En segundo lugar, y esto es lo más importante -y lo más esperanzador-, se ha producido un importante ascenso de Aralar, tanto en votos como en escaños. Hay que llamar la atención sobre esto porque Aralar es un partido de izquierda abertzale pero que condena la violencia. Y esto es importantísimo.
La izquierda abertzale existe, y no va a dejar de existir. Hasta ahora, la mayor parte de ella ha visto la violencia como un método aceptable de defender sus ideas (lo que ha quedado claro por su voto), constituyendo la base social de ETA. Si este sector empieza a expresarse políticamente por vías pacíficas y democráticas, abandonando la violencia, ETA se quedará sin apoyo en la sociedad vasca. Y eso y sólo eso es lo que puede traer su final definitivo: todos los grupos terroristas necesitan de un cierto grado de apoyo social, que les nutre de medios, de personal, y de legitimidad, actuando a su vez como su brazo desarmado. Si lo pierden, mueren.
Y ahí entra un partido como Aralar: es necesario un partido que proporcione a la izquierda abertzale un medio de expresión no violento. Es necesario un partido pacífico y de izquierda abertzale. Sólo si ésta ve que de este modo le va mejor abandonará la violencia, y habrá paz en el País Vasco. Tal partido es una condición indispensable para ello.
El ascenso de Aralar aún es un hecho aislado, pero si se convierte en tendencia podría ser una maravillosa noticia para el País Vasco y para toda España. Esperemos que así sea.
sábado, 14 de febrero de 2009
Palabras e intereses: "nación" y "pueblo"
Existe un libro titulado "En defensa de España", que pretende -declaradamente- establecer una fundamentación (ciertamente apologética) del patriotismo español. Lo edita la Fundación para la Defensa de la Nación Española (Fundación DENAES). En su contraportada hay una breve presentación en la que, entre otras cosas, se afirma que existe una diferencia entre "la nación" y "el pueblo" españoles, a saber: que el segundo incluye únicamente a los españoles vivos en un determinado momento (no parece posible otra definición), mientras que la primera incluye también a los muertos y a los aún por nacer, imprimiéndole una especie de sentido histórico. Se afirma también que el pueblo "no puede decidir", sino que esto compete a la nación.
Sin ánimo de realizar una crítica global a la Fundación DENAES -que tras un vistazo a su web, y a falta de más información, parece bastante razonable, apolítica y demócrata- cabría censurar la diferencia conceptual antes mencionada, y ello por dos razones: su falacia en el orden teórico, y su deriva en el orden práctico.
Respecto de la primera, no cabe duda de que "nación" y "pueblo" son conceptos distintos, pero son más distintos de lo que los considera quien escribe la contraportada aludida. En efecto, el "pueblo" es algo concreto, empírico, material, y por eso mismo poco -aunque algo sí, como todo- susceptible de interpretaciones. Sin embargo, "nación" es un concepto abstracto que no alude a ninguna realidad empírica y material. Esto no significa en absoluto que sea una palabra vacua, pero sí que a) es muy susceptible de diversas interpretaciones -recuérdese el debate decimonónico entre el concepto francés y el concepto alemán de "nación"; y b) que no es ni puede ser un sujeto, y por tanto no puede, en términos lógicos, ser titular de soberanía: la nación es incapaz de acción. No es pensable que una nación "decida", como pretende el autor del texto, no es pensable que "haga" nada. La soberanía, en tanto poder de acción, no puede predicarse más que de un sujeto, como una persona (el rey en una monarquía absoluta, p.ej.), una institución (en ciertas constituciones moderadas del XIX), o un conjunto de personas, como el pueblo (en constituciones progresistas decimonónicas o en la española vigente); pero no se puede predicar de un concepto.
La experiencia demuestra que, por ambas razones, cuando se pretende atribuir la soberanía a la "nación", los resultados son muy cuestionables: recuérdese cómo las constituciones moderadas del siglo XIX que así lo hacían establecían también sufragio censitario, haciendo equivaler que decidiera "la nación" a que decidiera un determinado conjunto de personas. Esto es así, primero, porque "la nación", al no ser un sujeto, no puede decidir, por lo que quien al final decidirá sí será un sujeto realmente existente; y segundo, porque la interpretabilidad del término "nación" permite justificar en su nombre cualquier elección respecto a quién decide finalmente, lo que puede tener - y ha tenido- resultados muy antidemocráticos y perjudiciales para el interés general.
Que es de lo que se trata: del interés general de los vivos y, -en esto tiene razón- de las generaciones futuras. Pero en ningún caso de los muertos, a los que habrá que honrar y recordar pero a los que no se puede -sería irrazonable- hipotecar el rumbo de un país.
Esto no significa, como se ha dicho antes, que la palabra "nación" no signifique nada. La idea de "nación" es ciertamente existente en la conciencia de las personas, por lo que determina sus acciones, es necesaria para construir un Estado sólido y socialmente cohesionado, forma parte de la identidad de cada uno. En resumen, puede ser sumamente útil y beneficiosa si se entiende bien, y seguramente es de algún modo necesaria. Pero no es ni razonable ni beneficioso pretender atribuirle la soberanía: creo que, al menos a falta de mejor teoría, el único que puede decidir es el pueblo.
Sin ánimo de realizar una crítica global a la Fundación DENAES -que tras un vistazo a su web, y a falta de más información, parece bastante razonable, apolítica y demócrata- cabría censurar la diferencia conceptual antes mencionada, y ello por dos razones: su falacia en el orden teórico, y su deriva en el orden práctico.
Respecto de la primera, no cabe duda de que "nación" y "pueblo" son conceptos distintos, pero son más distintos de lo que los considera quien escribe la contraportada aludida. En efecto, el "pueblo" es algo concreto, empírico, material, y por eso mismo poco -aunque algo sí, como todo- susceptible de interpretaciones. Sin embargo, "nación" es un concepto abstracto que no alude a ninguna realidad empírica y material. Esto no significa en absoluto que sea una palabra vacua, pero sí que a) es muy susceptible de diversas interpretaciones -recuérdese el debate decimonónico entre el concepto francés y el concepto alemán de "nación"; y b) que no es ni puede ser un sujeto, y por tanto no puede, en términos lógicos, ser titular de soberanía: la nación es incapaz de acción. No es pensable que una nación "decida", como pretende el autor del texto, no es pensable que "haga" nada. La soberanía, en tanto poder de acción, no puede predicarse más que de un sujeto, como una persona (el rey en una monarquía absoluta, p.ej.), una institución (en ciertas constituciones moderadas del XIX), o un conjunto de personas, como el pueblo (en constituciones progresistas decimonónicas o en la española vigente); pero no se puede predicar de un concepto.
La experiencia demuestra que, por ambas razones, cuando se pretende atribuir la soberanía a la "nación", los resultados son muy cuestionables: recuérdese cómo las constituciones moderadas del siglo XIX que así lo hacían establecían también sufragio censitario, haciendo equivaler que decidiera "la nación" a que decidiera un determinado conjunto de personas. Esto es así, primero, porque "la nación", al no ser un sujeto, no puede decidir, por lo que quien al final decidirá sí será un sujeto realmente existente; y segundo, porque la interpretabilidad del término "nación" permite justificar en su nombre cualquier elección respecto a quién decide finalmente, lo que puede tener - y ha tenido- resultados muy antidemocráticos y perjudiciales para el interés general.
Que es de lo que se trata: del interés general de los vivos y, -en esto tiene razón- de las generaciones futuras. Pero en ningún caso de los muertos, a los que habrá que honrar y recordar pero a los que no se puede -sería irrazonable- hipotecar el rumbo de un país.
Esto no significa, como se ha dicho antes, que la palabra "nación" no signifique nada. La idea de "nación" es ciertamente existente en la conciencia de las personas, por lo que determina sus acciones, es necesaria para construir un Estado sólido y socialmente cohesionado, forma parte de la identidad de cada uno. En resumen, puede ser sumamente útil y beneficiosa si se entiende bien, y seguramente es de algún modo necesaria. Pero no es ni razonable ni beneficioso pretender atribuirle la soberanía: creo que, al menos a falta de mejor teoría, el único que puede decidir es el pueblo.
jueves, 22 de enero de 2009
Gobama!
Tras un largo período de ausencia motivado primero por vacaciones y luego por mudanza, el Profeta Bufón vuelve a la carga. Y lo hace con renovadas ganas de reflexionar, escribir, criticar, alabar y, en suma seguir poniendo por escrito unos pensamientos que en términos absolutos seguramente no son especialmente meritorios, pero que han sido para su autor tan costosos como clarificadores.
Y este primer post de la vuelta no se le podría dedicar sino al hombre que tanta gente espera -esperamos- que cambie el mundo: Barack Obama. De ahí el título, especie de apócope de Go Obama! (¡vamos Obama!): necesitará ánimos, porque desde luego tiene mucho por hacer.
De hecho, tras sólo dos días como presidente, ya ha tomado una medida que decididamente apunta maneras: ha ordenado cerrar Guántanamo en el plazo de un año y ha prohibido la tortura en los interrogatorios de la CIA. Cierto es que del dicho al hecho hay un trecho, cierto que habrá que ver cómo acaba este asunto, pero no es menos cierto que, como se ha dicho, Obama sólo lleva dos días en la presidencia: de momento no está mal.
Si, como ha dicho pretender, sigue por ese camino de rectificación de la política exterior y de defensa de Bush, podemos esperar muy buenos resultados. Si EEUU empieza a reconocer, como -grosso modo- ya lo hace Europa, la necesidad de un Derecho global y unas instituciones de gobernanza global para que el mundo de nuestro tiempo se pueda enfrentar a sus desafíos, que son de alcance global, y a trabajar por ello, podemos dar pasos de gigante que han sido pospuestos durante ya demasiado tiempo.
Sin embargo, existe también, desde luego, la posibilidad de que sea simplemente un gesto de cara a la galería, en esa línea electoralista (plebiscitaria, podríamos decir) de política-espectáculo con tan peligrosa deriva populista que hace furor hoy día en gobiernos de todos los países y colores políticos, y de que por tanto esta nueva Administración no vaya a hacer que EEUU empuje en la dirección antes apuntada.
El tiempo dirá si es uno o lo otro. Mientras tanto, no hay razón para no mantener una razonable y prudente esperanza.
Y este primer post de la vuelta no se le podría dedicar sino al hombre que tanta gente espera -esperamos- que cambie el mundo: Barack Obama. De ahí el título, especie de apócope de Go Obama! (¡vamos Obama!): necesitará ánimos, porque desde luego tiene mucho por hacer.
De hecho, tras sólo dos días como presidente, ya ha tomado una medida que decididamente apunta maneras: ha ordenado cerrar Guántanamo en el plazo de un año y ha prohibido la tortura en los interrogatorios de la CIA. Cierto es que del dicho al hecho hay un trecho, cierto que habrá que ver cómo acaba este asunto, pero no es menos cierto que, como se ha dicho, Obama sólo lleva dos días en la presidencia: de momento no está mal.
Si, como ha dicho pretender, sigue por ese camino de rectificación de la política exterior y de defensa de Bush, podemos esperar muy buenos resultados. Si EEUU empieza a reconocer, como -grosso modo- ya lo hace Europa, la necesidad de un Derecho global y unas instituciones de gobernanza global para que el mundo de nuestro tiempo se pueda enfrentar a sus desafíos, que son de alcance global, y a trabajar por ello, podemos dar pasos de gigante que han sido pospuestos durante ya demasiado tiempo.
Sin embargo, existe también, desde luego, la posibilidad de que sea simplemente un gesto de cara a la galería, en esa línea electoralista (plebiscitaria, podríamos decir) de política-espectáculo con tan peligrosa deriva populista que hace furor hoy día en gobiernos de todos los países y colores políticos, y de que por tanto esta nueva Administración no vaya a hacer que EEUU empuje en la dirección antes apuntada.
El tiempo dirá si es uno o lo otro. Mientras tanto, no hay razón para no mantener una razonable y prudente esperanza.
viernes, 16 de mayo de 2008
Enfermos y malvados: otra buena cita
El 30 de abril, Alberto Fernández Liria escribía en El País un breve artículo a propósito de Josef Fritzl, el llamado "monstruo de Amstetten", que llevaba por título No hay enfermedad. En él afirmaba que Fritzl no padece ninguna psicopatología, que no existe ninguna enfermedad a la que atribuir su comportamiento, sino que simplemente es un malvado.
Desconozco la ciencia psicológica, pero encontré el artículo muy convincente. Al margen del tema tratado, hay una frase de él que me parece singularmente certera y que creo que conviene tener presente, especialmente cuando se estudia el tratamiento que dispensa el Derecho Penal a los enfermos mentales:
"[...] empezamos a querer ver enfermos mentales donde sólo hay malvados y acabamos viendo malvados donde sólo hay enfermos mentales." -Alberto Fernández Liria
Valga como ejemplo la situación de olvido que sufren muchos presos psiquátricos y que en más de una ocasión conduce a privaciones de libertad injustificadamente prolongadas en razón de una medida de seguridad que no se revisa adecuadamente; o la configuración de la eximente de alteración mental, que impide imponer medidas de seguridad a reos que padecen trastornos de la personalidad y que acaba determinando que no reciban tratamiento y sean liberados al término de sus penas siendo tan peligrosos como cuando delinquieron.
Creo que la idea de Liria es de suma utilidad para los juristas, especialmente para los interesados en el Derecho Penal; y creo que puede ser un buen elemento de juicio a la hora de realizar un examen crítico de la respuesta jurídica a la locura. Porque ésta no es sino un reflejo de la respuesta social a la locura.
El artículo citado apareció en El País el 30 de abril pasado y puede verse aquí. Alberto Fernández Liria es psiquiatra, presidente de la Asociación Española de Neuropsiquiatría, profesor en la Universidad de Alcalá y se halla comprometido con la cooperación solidaria.
Desconozco la ciencia psicológica, pero encontré el artículo muy convincente. Al margen del tema tratado, hay una frase de él que me parece singularmente certera y que creo que conviene tener presente, especialmente cuando se estudia el tratamiento que dispensa el Derecho Penal a los enfermos mentales:
"[...] empezamos a querer ver enfermos mentales donde sólo hay malvados y acabamos viendo malvados donde sólo hay enfermos mentales." -Alberto Fernández Liria
Valga como ejemplo la situación de olvido que sufren muchos presos psiquátricos y que en más de una ocasión conduce a privaciones de libertad injustificadamente prolongadas en razón de una medida de seguridad que no se revisa adecuadamente; o la configuración de la eximente de alteración mental, que impide imponer medidas de seguridad a reos que padecen trastornos de la personalidad y que acaba determinando que no reciban tratamiento y sean liberados al término de sus penas siendo tan peligrosos como cuando delinquieron.
Creo que la idea de Liria es de suma utilidad para los juristas, especialmente para los interesados en el Derecho Penal; y creo que puede ser un buen elemento de juicio a la hora de realizar un examen crítico de la respuesta jurídica a la locura. Porque ésta no es sino un reflejo de la respuesta social a la locura.
El artículo citado apareció en El País el 30 de abril pasado y puede verse aquí. Alberto Fernández Liria es psiquiatra, presidente de la Asociación Española de Neuropsiquiatría, profesor en la Universidad de Alcalá y se halla comprometido con la cooperación solidaria.
miércoles, 30 de abril de 2008
Sabroso análisis
Si este post tiene algún objeto, es el de hacer una recomendación a todo aquel que se interese por el análisis político. Si leer sobre política es para vd. un placer, entonces el blog la moqueta verde le hará sentirse como un niño en una pastelería.
Cuatro graduados del Instituto Juan March y becados en diferentes puestos de avanzada del conocimiento político, como las universidades de Oxford, Essex y Yale o el Banco Mundial, reflexionan sobre la política española, internacional y sobre la política en general con una mirada limpia, certera y siempre original. Además, aderezan su escritura con ocasionales comentarios sobre variados ámbitos, desde el cine hasta las TIC. Encontrar tanto buen hacer científico a la vez, y más en este campo, es como econtrar un campo de petróleo. Simplemente magnífico.
Cuatro graduados del Instituto Juan March y becados en diferentes puestos de avanzada del conocimiento político, como las universidades de Oxford, Essex y Yale o el Banco Mundial, reflexionan sobre la política española, internacional y sobre la política en general con una mirada limpia, certera y siempre original. Además, aderezan su escritura con ocasionales comentarios sobre variados ámbitos, desde el cine hasta las TIC. Encontrar tanto buen hacer científico a la vez, y más en este campo, es como econtrar un campo de petróleo. Simplemente magnífico.
viernes, 25 de abril de 2008
El sacerdote y el gobernante
La tendencia de la derecha y de la Iglesia católica a hacer causa común es algo que viene verificándose en todo el mundo desde que existe tal cosa como la derecha, e incluso antes de que ésta tuviera nombre.
¿Por qué? ¿Qué intereses tienen en común dos organizaciones tan distintas -porque lo son- como un partido político conservador de cualquier país occidental y la Iglesia de Roma?
Acostumbrados como estamos a verlo, el consorcio político entre ambas corporaciones nos resulta de una naturalidad a veces sorprendente, como si tuvieran los mismos objetivos. Sin embargo, el núcleo del programa conservador y el núcleo del programa eclesiástico no tienen absolutamente nada en común. Su relación es puramente instrumental.
Los conservadores quieren, fundamentalmente, diseñar una sociedad y un Estado a la medida de lo que Georfe Lakoff -a quien no es la primera vez que se cita aquí- llamó la moral del padre estricto, es decir, la forma conservadora de ver el mundo y de estar en el mundo; opuesta a la progresista, la moral de los padres protectores. Esto consiste grosso modo en una serie de políticas que todos conocemos: recorte de programas sociales, privatización de servicios públicos, levatamiento de controles al libre mercado, política exterior de fuerza... En suma, en una manera determinada de orientar el rumbo de un país.
Por su parte, la Iglesia, desde mediados de este siglo, lleva ocupándose con todas sus fuerzas de un mismo problema: su pérdida de influencia. No hay confesión religiosa en el mundo cuya jerarquía dirigente acumule más poder que la de la Iglesia católica. Este poder se manifiesta en muchos campos, desde el económico hasta el mediático, pasando por el político; pero tiene un único origen: los fieles. Lo que da a la Iglesia todo el poder que tiene es que hay gente que cree en ella, que sigue sus dictados, que colabora con sus proyectos. Sin esa gente, la Iglesia no tendría nada. Y el hecho es que el número de personas que orientan su vida según las directrices del Papado disminuye rápidamente. La Iglesia está empeñada en detener ese proceso; eso es lo único que verdaderamente le importa ahora: se juega su supervivencia.
Es decir, básicamente: los partidos conservadores pretenden llevar a cabo unas determinadas políticas mientras que la Iglesia pretende mantener su poder. Ambos objetivos difieren entre sí por completo: al Papa le importa un bledo la privatización de los servicios públicos, a la derecha le trae sin cuidado que la gente viva según los mandamientos. Es cierto que la moral conservadora tiene algún punto de contacto con la eclesiástica, concretamente en lo tocante al sexo, pero esto es una parte tan pequeña de su programa que no es en modo alguno suficiente para justificar tanta unión.
Así pues, ¿qué es lo que los une? Sencillo pero efectivo: el poder. La simbiosis entre la derecha y la Iglesia católica se funda en una mutua potenciación del poder de cada una de ellas.
La derecha despliega unas políticas que benefician al gran capital, pero que perjudican a la mayoría de la población. Y eso juega en su contra. Para conseguir votos, revisten su programa de valores morales y éticos con los que mucha gente de todas las clases se identifica, de forma que mucha gente les vota por su identidad y en contra de sus intereses. El apoyo más o menos intenso a la moral católica forma parte de esta estrategia: si se presentan como los aliados de la Iglesia, los que van a llevar a la práctica su moral -oposición al matrimonio entre personas del mismo sexo, a la eutanasia, al aborto...- consiguen votos católicos. La Iglesia, a su vez, les apoya para que efectivamente lleven a cabo sus propuestas, y a cambio usa su influencia para conseguirles votos, llamando al sufragio conservador más o menos explícitamente.
De este modo la Iglesia consigue mantener influencia, y los partidos conservadores consiguen votos. La simbiosis perfecta.
¿Por qué? ¿Qué intereses tienen en común dos organizaciones tan distintas -porque lo son- como un partido político conservador de cualquier país occidental y la Iglesia de Roma?
Acostumbrados como estamos a verlo, el consorcio político entre ambas corporaciones nos resulta de una naturalidad a veces sorprendente, como si tuvieran los mismos objetivos. Sin embargo, el núcleo del programa conservador y el núcleo del programa eclesiástico no tienen absolutamente nada en común. Su relación es puramente instrumental.
Los conservadores quieren, fundamentalmente, diseñar una sociedad y un Estado a la medida de lo que Georfe Lakoff -a quien no es la primera vez que se cita aquí- llamó la moral del padre estricto, es decir, la forma conservadora de ver el mundo y de estar en el mundo; opuesta a la progresista, la moral de los padres protectores. Esto consiste grosso modo en una serie de políticas que todos conocemos: recorte de programas sociales, privatización de servicios públicos, levatamiento de controles al libre mercado, política exterior de fuerza... En suma, en una manera determinada de orientar el rumbo de un país.
Por su parte, la Iglesia, desde mediados de este siglo, lleva ocupándose con todas sus fuerzas de un mismo problema: su pérdida de influencia. No hay confesión religiosa en el mundo cuya jerarquía dirigente acumule más poder que la de la Iglesia católica. Este poder se manifiesta en muchos campos, desde el económico hasta el mediático, pasando por el político; pero tiene un único origen: los fieles. Lo que da a la Iglesia todo el poder que tiene es que hay gente que cree en ella, que sigue sus dictados, que colabora con sus proyectos. Sin esa gente, la Iglesia no tendría nada. Y el hecho es que el número de personas que orientan su vida según las directrices del Papado disminuye rápidamente. La Iglesia está empeñada en detener ese proceso; eso es lo único que verdaderamente le importa ahora: se juega su supervivencia.
Es decir, básicamente: los partidos conservadores pretenden llevar a cabo unas determinadas políticas mientras que la Iglesia pretende mantener su poder. Ambos objetivos difieren entre sí por completo: al Papa le importa un bledo la privatización de los servicios públicos, a la derecha le trae sin cuidado que la gente viva según los mandamientos. Es cierto que la moral conservadora tiene algún punto de contacto con la eclesiástica, concretamente en lo tocante al sexo, pero esto es una parte tan pequeña de su programa que no es en modo alguno suficiente para justificar tanta unión.
Así pues, ¿qué es lo que los une? Sencillo pero efectivo: el poder. La simbiosis entre la derecha y la Iglesia católica se funda en una mutua potenciación del poder de cada una de ellas.
La derecha despliega unas políticas que benefician al gran capital, pero que perjudican a la mayoría de la población. Y eso juega en su contra. Para conseguir votos, revisten su programa de valores morales y éticos con los que mucha gente de todas las clases se identifica, de forma que mucha gente les vota por su identidad y en contra de sus intereses. El apoyo más o menos intenso a la moral católica forma parte de esta estrategia: si se presentan como los aliados de la Iglesia, los que van a llevar a la práctica su moral -oposición al matrimonio entre personas del mismo sexo, a la eutanasia, al aborto...- consiguen votos católicos. La Iglesia, a su vez, les apoya para que efectivamente lleven a cabo sus propuestas, y a cambio usa su influencia para conseguirles votos, llamando al sufragio conservador más o menos explícitamente.
De este modo la Iglesia consigue mantener influencia, y los partidos conservadores consiguen votos. La simbiosis perfecta.
lunes, 21 de abril de 2008
Privilegiado el que lo lea. Una mirada fuera de la burbuja
Vd., querido lector o lectora, es un privilegiado.
Es un privilegiado por muchas razones. En primer lugar, es un privilegiado porque está leyendo esto a través de una conexión a internet, es decir, que pertenece vd. a ese 16,5% de privilegiados que pueden acceder a internet en el mundo (aproximadamente, 1000 millones de 6000). Este hecho permite deducir con razonable probabilidad otros, también indicativos de su condición de privilegiado. Por ejemplo, que seguramente tiene vd. acceso a agua potable, asistencia médica básica, instrucción...
* * *
Lo cierto es que no siempre es fácil darse cuenta de dónde está uno. Los occidentales vivimos en una burbuja hasta un punto que no nos imaginamos, y resulta muy instructivo echar de vez en cuando una mirada fuera de ella para ver cómo es realmente el mundo en que vivimos.
Una manera tan ilustradora como entretenida de hacerlo es mediante un videojuego. Uno que, desde luego, puede ayudar a desmontar más de un prejuicio sobre los videojuegos; y también sobre la realidad que nos rodea. Me refiero a Real Lives, el proyecto estrella de Educational Simulations. Este pequeño programa, de descarga gratuita, simula una vida en cualquier país del mundo usando datos estadísticos y análisis de probabilidades para generar eventos y circunstacias. Cientos de variables son tenidas en cuenta, desde enfermedades hasta relaciones amorosas pasando por niveles de instrucción o de renta. De esta manera, es posible vivir en 15 minutos toda la vida de nuestro personaje ficticio, haciéndose una cabal idea de cuál es su realidad cotidiana.
Definitivamente recomendado, toda una experiencia. Una excelente manera de entender algunas de las miserias (y de las grandezas) de nuestro mundo y de ver cómo afectan a la vida diaria de millones de personas. El único problema es que sólo está en inglés, aunque no es un nivel especialmente complicado.
* * *
Existe una asociación específicamente dedicada a apoyar juegos que promuevan un cambio social o que ayuden a concienciarse sobre las cuestiones del mundo de hoy. En ella se puede encontrar un link al proyecto Real Lives, así como muchos otros programas igualmente interesantes, como un simulador de refugiados. Dicha asociación se denomina Games for Change (Juegos para el cambio) y es parte de la Serious Games Initiative (Iniciativa juegos serios). En su página web se puede hacer un recorrido por el desarrollo y las aplicaciones de este nuevo tipo de software.
Hoy somos, nos guste o no, ciudadanos no sólo de nuestro país, sino también de nuestro planeta. No podemos sustraernos a las grandes cuestiones actuales; estamos ya metidos hasta el cuello en ellas. Si queremos estar plenamente en el mundo que nos ha tocado vivir, tendremos que intentar entender cómo es en realidad para poder actuar en él de forma eficaz y responsable. De esto se trata aquí.
Más información (en inglés) en la página principal de Games for Change y en la de Educational Simulations. Una versión de prueba bastante buena del juego Real Lives se puede descargar gratuitamente en la misma página web. Es preciso dar unos datos para ello, aunque el único realmente necesario es el e-mail.
Es un privilegiado por muchas razones. En primer lugar, es un privilegiado porque está leyendo esto a través de una conexión a internet, es decir, que pertenece vd. a ese 16,5% de privilegiados que pueden acceder a internet en el mundo (aproximadamente, 1000 millones de 6000). Este hecho permite deducir con razonable probabilidad otros, también indicativos de su condición de privilegiado. Por ejemplo, que seguramente tiene vd. acceso a agua potable, asistencia médica básica, instrucción...
* * *
Lo cierto es que no siempre es fácil darse cuenta de dónde está uno. Los occidentales vivimos en una burbuja hasta un punto que no nos imaginamos, y resulta muy instructivo echar de vez en cuando una mirada fuera de ella para ver cómo es realmente el mundo en que vivimos.
Una manera tan ilustradora como entretenida de hacerlo es mediante un videojuego. Uno que, desde luego, puede ayudar a desmontar más de un prejuicio sobre los videojuegos; y también sobre la realidad que nos rodea. Me refiero a Real Lives, el proyecto estrella de Educational Simulations. Este pequeño programa, de descarga gratuita, simula una vida en cualquier país del mundo usando datos estadísticos y análisis de probabilidades para generar eventos y circunstacias. Cientos de variables son tenidas en cuenta, desde enfermedades hasta relaciones amorosas pasando por niveles de instrucción o de renta. De esta manera, es posible vivir en 15 minutos toda la vida de nuestro personaje ficticio, haciéndose una cabal idea de cuál es su realidad cotidiana.
Definitivamente recomendado, toda una experiencia. Una excelente manera de entender algunas de las miserias (y de las grandezas) de nuestro mundo y de ver cómo afectan a la vida diaria de millones de personas. El único problema es que sólo está en inglés, aunque no es un nivel especialmente complicado.
* * *
Existe una asociación específicamente dedicada a apoyar juegos que promuevan un cambio social o que ayuden a concienciarse sobre las cuestiones del mundo de hoy. En ella se puede encontrar un link al proyecto Real Lives, así como muchos otros programas igualmente interesantes, como un simulador de refugiados. Dicha asociación se denomina Games for Change (Juegos para el cambio) y es parte de la Serious Games Initiative (Iniciativa juegos serios). En su página web se puede hacer un recorrido por el desarrollo y las aplicaciones de este nuevo tipo de software.
Hoy somos, nos guste o no, ciudadanos no sólo de nuestro país, sino también de nuestro planeta. No podemos sustraernos a las grandes cuestiones actuales; estamos ya metidos hasta el cuello en ellas. Si queremos estar plenamente en el mundo que nos ha tocado vivir, tendremos que intentar entender cómo es en realidad para poder actuar en él de forma eficaz y responsable. De esto se trata aquí.
Más información (en inglés) en la página principal de Games for Change y en la de Educational Simulations. Una versión de prueba bastante buena del juego Real Lives se puede descargar gratuitamente en la misma página web. Es preciso dar unos datos para ello, aunque el único realmente necesario es el e-mail.
miércoles, 16 de abril de 2008
Crítica de dos claves de la política jurídico-penal conservadora
Lo que sigue es una breve valoración sobre dos propuestas en materia de legislación penal que son una constante en los programas de la mayoría de partidos conservadores europeos, y de las que éstos con frecuencia hacen bandera: la elevación de penas y la expulsión de los inmigrantes que cometen delitos.
La mera severidad punitiva no es, en modo alguno, garantía de una menor criminalidad (que se supone el fin principal del Derecho Penal). Dicho en términos técnicos: la prevención general negativa no se consigue simplemente con la elevación de las penas. Un ejemplo singular de esto lo encontramos en la pena de muerte, la más dura de las imaginables: no sólo ningún estudio ha podido probar todavía su utilidad, sino que hay países cuyas tasas de delincuencia descendieron tras abolirla, como es el caso de Canadá en los años 70. Lo que es más, muchos de los países con los sistemas penales más aflictivos del mundo tienen también los índices de criminalidad más altos del mundo. Un ejemplo: EEUU.
Pero sobre todo, el aumento en la aflictividad de las sanciones penales tiene en no pocas ocasiones el efecto perverso de provocar algo a lo que ya se aludió en el post anterior: las situaciones de coste marginal cero por la comisión de nuevos delitos, es decir, aquellas en la que un nuevo delito o un delito más grave no incrementa la pena. Dichas situaciones existen de forma inevitable, dado que sea cual sea la naturaleza del castigo la capacidad humana de soportarlo es limitada, pero contribuir a su proliferación es contraproducente. Un ejemplo muy ilustrativo lo pone el magnífico Francisco Tomás y Valiente en su prólogo a De los delitos y las penas de Cesare B. Beccaria: en 1734 empezaron a castigarse con la muerte todos los robos y hurtos cometidos en Madrid y alrededores. El resultado fue que la gravedad de dichos delitos aumentó, y ello por una razón muy sencilla: si el riesgo es el mismo, es mejor cometer robos con gran expectativa de ganancia (asaltos a casas, p. ej.) que hurtos con posibilidades lucrativas menores, como atracos.
El segundo punto que conviene tratar es la expulsión de los delincuentes no nacionales. Esto debe ponerse en conexión con unas posiciones en general recelosas de los inmigrantes y un caladero de votos que las alimenta, rasgos importantes de la derecha europea contemporánea. Estas ideas fueron llevadas a la práctica en nuestro país por el PP con las reformas del Código Penal de 2003. La LO 11/2003 incluyó, entre otras medidas, la expulsión del territorio nacional de extranjeros sin residencia legal en España condenados a penas privativas de libertad de duración inferior a 6 años, como forma sustitutiva de éstas.
Esto sería aplicado en todos los supuestos, salvo casos excepcionales. Sin embargo, la generalidad de los jueces y magistrados han optado por acogerse a esta segunda cláusula de forma sistemática, dejando prácticamente inaplicada la reforma. Y ello para evitar su perniciosa consecuencia: un efecto llamada. Un efecto llamada generado por la posibilidad de unas "vacaciones delictivas" en España: venir a nuestro país, cometer un delito y simplemente ser devuelto a casa, si hay suerte, con lo obtenido.
Imaginemos un ejemplo: un ciudadano de otro país de la UE viaja a cualquier punto del territorio nacional y empieza a cometer delitos contra el patrimonio, cuyo fruto envía por transferencia bancaria a un cómplice que se halla en su país. Cuando es detenido y llevado ante un juez, se le condena a ser expulsado. Vuelve a su país y disfruta tranquilamente de las ganancias, a salvo de la Justicia local por haber sido ya condenado en España. Si ha sido suficientemente rápido y hábil, podría haber sustraído un botín cuantioso a cambio únicamente de ser privado del disfrute de la Costa del Sol: ¿no suena atractivo?
En ambos casos estamos ante propuestas de marcado carácter populista, hechas fundamentalmente para dar una imagen de "mano dura" en general y contra la inmigración en particular, y que se traducen en votos pero no en una mejora de la Justicia penal. La respuesta a la delincuencia, si quiere ser eficaz, ha de ser más compleja, fruto de una aproximación pluridisciplinar al fenómeno, y no exclusivamente legislativa.
La mera severidad punitiva no es, en modo alguno, garantía de una menor criminalidad (que se supone el fin principal del Derecho Penal). Dicho en términos técnicos: la prevención general negativa no se consigue simplemente con la elevación de las penas. Un ejemplo singular de esto lo encontramos en la pena de muerte, la más dura de las imaginables: no sólo ningún estudio ha podido probar todavía su utilidad, sino que hay países cuyas tasas de delincuencia descendieron tras abolirla, como es el caso de Canadá en los años 70. Lo que es más, muchos de los países con los sistemas penales más aflictivos del mundo tienen también los índices de criminalidad más altos del mundo. Un ejemplo: EEUU.
Pero sobre todo, el aumento en la aflictividad de las sanciones penales tiene en no pocas ocasiones el efecto perverso de provocar algo a lo que ya se aludió en el post anterior: las situaciones de coste marginal cero por la comisión de nuevos delitos, es decir, aquellas en la que un nuevo delito o un delito más grave no incrementa la pena. Dichas situaciones existen de forma inevitable, dado que sea cual sea la naturaleza del castigo la capacidad humana de soportarlo es limitada, pero contribuir a su proliferación es contraproducente. Un ejemplo muy ilustrativo lo pone el magnífico Francisco Tomás y Valiente en su prólogo a De los delitos y las penas de Cesare B. Beccaria: en 1734 empezaron a castigarse con la muerte todos los robos y hurtos cometidos en Madrid y alrededores. El resultado fue que la gravedad de dichos delitos aumentó, y ello por una razón muy sencilla: si el riesgo es el mismo, es mejor cometer robos con gran expectativa de ganancia (asaltos a casas, p. ej.) que hurtos con posibilidades lucrativas menores, como atracos.
El segundo punto que conviene tratar es la expulsión de los delincuentes no nacionales. Esto debe ponerse en conexión con unas posiciones en general recelosas de los inmigrantes y un caladero de votos que las alimenta, rasgos importantes de la derecha europea contemporánea. Estas ideas fueron llevadas a la práctica en nuestro país por el PP con las reformas del Código Penal de 2003. La LO 11/2003 incluyó, entre otras medidas, la expulsión del territorio nacional de extranjeros sin residencia legal en España condenados a penas privativas de libertad de duración inferior a 6 años, como forma sustitutiva de éstas.
Esto sería aplicado en todos los supuestos, salvo casos excepcionales. Sin embargo, la generalidad de los jueces y magistrados han optado por acogerse a esta segunda cláusula de forma sistemática, dejando prácticamente inaplicada la reforma. Y ello para evitar su perniciosa consecuencia: un efecto llamada. Un efecto llamada generado por la posibilidad de unas "vacaciones delictivas" en España: venir a nuestro país, cometer un delito y simplemente ser devuelto a casa, si hay suerte, con lo obtenido.
Imaginemos un ejemplo: un ciudadano de otro país de la UE viaja a cualquier punto del territorio nacional y empieza a cometer delitos contra el patrimonio, cuyo fruto envía por transferencia bancaria a un cómplice que se halla en su país. Cuando es detenido y llevado ante un juez, se le condena a ser expulsado. Vuelve a su país y disfruta tranquilamente de las ganancias, a salvo de la Justicia local por haber sido ya condenado en España. Si ha sido suficientemente rápido y hábil, podría haber sustraído un botín cuantioso a cambio únicamente de ser privado del disfrute de la Costa del Sol: ¿no suena atractivo?
En ambos casos estamos ante propuestas de marcado carácter populista, hechas fundamentalmente para dar una imagen de "mano dura" en general y contra la inmigración en particular, y que se traducen en votos pero no en una mejora de la Justicia penal. La respuesta a la delincuencia, si quiere ser eficaz, ha de ser más compleja, fruto de una aproximación pluridisciplinar al fenómeno, y no exclusivamente legislativa.
sábado, 12 de abril de 2008
Una lección dolorosa: la urgente necesidad de una Justicia eficaz
El reciente caso Mari Luz ha tenido un fortísimo impacto mediático, y ha sacado a la luz del debate público algunos problemas de suma importancia. Días después, la más reciente noticia del doble asesinato y suicidio por motivos sentimentales en el seno de la Guardia Civil ha dado la puntilla al silencio sobre un tema tantas veces soslayado: ¿qué falla en nuestra Administración de Justicia?
Una primera constatación es que por descoordinación, falta de seguimiento, y errores judiciales en general se han cometido varios crímenes que podían haberse evitado: el asesino de Mari Luz debía estar en la cárcel, pues tenía una condena pendiente de ejecución; y contra el autor del crimen pasional se habían solicitado órdenes de alejamiento. Así pues, la siguiente pregunta es ¿cómo se podrían haber evitado estos trágicos fallos?
Endurecer las penas, como propuso la portavoz del Grupo del PP en el Congreso, es una medida que no sólo se ha revelado ineficaz por sí sola en la prevención de delitos, sino que en nuestro caso no ataca la raíz del problema. Es una medida ineficaz por dos razones: primero, porque los crímenes que guardan relación con estados mentales patológicos o parapatológicos (casos mencionados) suelen ser cometidos sin sopesar el riesgo, es decir, en ellos falla la función preventivo-general de la pena. Y segundo, porque en no pocas ocasiones adelanta más de lo razonable la situación de coste marginal cero por nuevos delitos. Vemos, pues, que el simple aumento de las penas no es una medida eficaz en la prevención de delitos, y especialmente de estos delitos.
Pero lo más importante es que elevar las sanciones penales no tiene relación con la verdadera causa de este mal. Lo que la Justicia española enfrenta es un problema estructural. Un problema, fundamentalmente, de medios, como suelen repetir los abogados en ejercicio. La Administración de Justicia española se halla tecnológicamente atrasada, descoordinada y poco dotada de personal. Hay juzgados que están funcionando a más del 200% de su capacidad. Lo que se necesita son más jueces, más juzgados, mejores herramientas de seguimiento, y sobre todo un cambio profundo en la organización de los juzgados y tribunales. Es decir, se necesitan reformas estructurales de calado.
Y esto es una necesidad de primer orden, por una razón muy sencilla: el buen funcionamiento de la Justicia es la base y garantía de una convivencia social segura y en paz. Es la existencia de normas lo que nos separa de la jungla, lo que permite que convivamos en sociedad de manera más o menos civilizada. Pues bien, si esas normas no son eficaces, si no se hacen valer, es como si no hubiera normas. Pensemos en un país sin leyes: eso es lo que tendríamos en un país sin Administración de Justicia. España está, obviamente, muy lejos de esto, pero no conviene avanzar ni un milímetro por ese camino.
Durante el primer debate de investidura, se pudo oír al ya Presidente del Gobierno dedicar un tiempo inusitadamente extenso a esta cuestión, calificarla de prioritaria, y anunciar medidas decisivas. Ojalá que aprendamos esta dolorosa lección antes de que se repita.
Una primera constatación es que por descoordinación, falta de seguimiento, y errores judiciales en general se han cometido varios crímenes que podían haberse evitado: el asesino de Mari Luz debía estar en la cárcel, pues tenía una condena pendiente de ejecución; y contra el autor del crimen pasional se habían solicitado órdenes de alejamiento. Así pues, la siguiente pregunta es ¿cómo se podrían haber evitado estos trágicos fallos?
Endurecer las penas, como propuso la portavoz del Grupo del PP en el Congreso, es una medida que no sólo se ha revelado ineficaz por sí sola en la prevención de delitos, sino que en nuestro caso no ataca la raíz del problema. Es una medida ineficaz por dos razones: primero, porque los crímenes que guardan relación con estados mentales patológicos o parapatológicos (casos mencionados) suelen ser cometidos sin sopesar el riesgo, es decir, en ellos falla la función preventivo-general de la pena. Y segundo, porque en no pocas ocasiones adelanta más de lo razonable la situación de coste marginal cero por nuevos delitos. Vemos, pues, que el simple aumento de las penas no es una medida eficaz en la prevención de delitos, y especialmente de estos delitos.
Pero lo más importante es que elevar las sanciones penales no tiene relación con la verdadera causa de este mal. Lo que la Justicia española enfrenta es un problema estructural. Un problema, fundamentalmente, de medios, como suelen repetir los abogados en ejercicio. La Administración de Justicia española se halla tecnológicamente atrasada, descoordinada y poco dotada de personal. Hay juzgados que están funcionando a más del 200% de su capacidad. Lo que se necesita son más jueces, más juzgados, mejores herramientas de seguimiento, y sobre todo un cambio profundo en la organización de los juzgados y tribunales. Es decir, se necesitan reformas estructurales de calado.
Y esto es una necesidad de primer orden, por una razón muy sencilla: el buen funcionamiento de la Justicia es la base y garantía de una convivencia social segura y en paz. Es la existencia de normas lo que nos separa de la jungla, lo que permite que convivamos en sociedad de manera más o menos civilizada. Pues bien, si esas normas no son eficaces, si no se hacen valer, es como si no hubiera normas. Pensemos en un país sin leyes: eso es lo que tendríamos en un país sin Administración de Justicia. España está, obviamente, muy lejos de esto, pero no conviene avanzar ni un milímetro por ese camino.
Durante el primer debate de investidura, se pudo oír al ya Presidente del Gobierno dedicar un tiempo inusitadamente extenso a esta cuestión, calificarla de prioritaria, y anunciar medidas decisivas. Ojalá que aprendamos esta dolorosa lección antes de que se repita.
domingo, 6 de abril de 2008
Por una interpretación progresista de la españolidad
Existen hoy día varios fenómenos políticos comunes a la generalidad del Occidente, como es lógico dada la intensa sinergia que existe entre partidos del mismo signo a través de las fronteras. Dadas las importantes similitudes políticas, sociales y culturales que existen entre los países que conforman esta parte del mundo, no es sorprendente que la vida política de la mayoría de ellos responda en gran parte a las mismas claves.
Uno de estos fenómenos es el empeño de la derecha por monopolizar valores comunes. Es algo que resulta especialmente obvio en España, aunque en EEUU se manifiesta también con particular virulencia.
La jugada es sencilla pero inteligente: hay una serie de valores que son grosso modo compartidos por toda la sociedad. Si conseguimos que dichos valores aparezcan como nuestros en vez de como de todos, estamos a la vez atrayéndonos votos y deslegitimando al adversario.
Es lo que George Lakoff denomina Guerra Civil Cultural, una ambiciosa empresa en la que el conservadurismo de muchos países se halla embarcado. Se trata de copar el discurso público (conseguir que todo el mundo maneje los marcos de referencia conceptuales de los conservadores) para hacer aparecer los valores conservadores, la opción conservadora, como la única legítima. Sin esto, según Lakoff, los conservadores no pueden ganar porque sus políticas, al favorecer al gran capital, perjudican a la mayoría de votantes. (Vid. No pienses en un elefante, George Lakoff, Editorial Complutense, Madrid 2007)
Concretamente, en España, la derecha viene intentando al menos desde Aznar relacionar la españolidad con el conservadurismo. No es su única batalla cultural pero sí la más importante. ¿Quién no recuerda a Rajoy diciendo que su partido es el único que se siente orgulloso de ser español? Lo que se pretende con este discurso es transformar el valor del orgullo nacional, que es compartido grosso modo por todos, en un valor de derechas. Con ello se pretende atraer a quien se siente español hacia la derecha, ganado votos; y desprestigiar al adversario (en este caso el PSOE) presentándolo como poco menos que un traidor a la patria.
Hay que añadir que en nuestro país esto se ve reforzado por el poso de 40 años de retórica franquista: hay mucha gente que creció estudiando en la escuela que los rojos, es decir, la izquierda, eran unos traidores a España y que pretendían destruirla. Obviamente, lo que estaba en juego era la misma guerra cultural que hoy: legitimar la rebelión y posterior dictadura, presentándolas como la única opción patriótica; y deslegitimar al adversario izquierdista. Con el agravante de que aquél era el único discurso.
La izquierda española, además, no ha sabido reaccionar eficazmente contra esto. Quizá porque aún asocia, también, el patriotismo con la derecha. Porque acepta inconscientemente el marco de "amar a España es ser de derechas" y pretende diferenciarse de su adversario político con un discurso muy tímido en este sentido.
Por eso, todavía hoy, hay mucha gente en todo el espectro político que cree que sentirse español es de derechas, o que los españoles somos por naturaleza conservadores.
Sin embargo, creo que esto es falso. Creo que es perfectamente posible sentirse español y de izquierdas (la evidencia empírica así lo demuestra). Es más, creo que la españolidad y el progresismo no son sólo compatibles, creo que son parientes: al examinar la Historia de nuestro país, creo que podemos encontrar abundantes ejemplos. ¿Acaso no fuimos el tercer país del mundo en dotarse de una constitución escrita? ¿acaso no abolimos la pena de muerte e implantamos el voto femenino antes que muchos vecinos (p.ej. Francia)? ¿acaso no fuimos el primer país del mundo en legalizar el matrimonio homosexual con exactamente los mismos derechos y deberes que el heterosexual? ¿de las IX Legislaturas constituidas que llevamos, cuántas ha gobernado la izquierda y cuántas la derecha?
No pongo en duda la interpretación conservadora de la españolidad; creo que es evidente que también hay elementos conservadores en la identidad española. Pero también creo que en esa identidad los elementos progresistas no sólo están presentes, sino que son abundantes. Por eso creo que es tan posible como necesaria una interpretación progresista de la españolidad.
Uno de estos fenómenos es el empeño de la derecha por monopolizar valores comunes. Es algo que resulta especialmente obvio en España, aunque en EEUU se manifiesta también con particular virulencia.
La jugada es sencilla pero inteligente: hay una serie de valores que son grosso modo compartidos por toda la sociedad. Si conseguimos que dichos valores aparezcan como nuestros en vez de como de todos, estamos a la vez atrayéndonos votos y deslegitimando al adversario.
Es lo que George Lakoff denomina Guerra Civil Cultural, una ambiciosa empresa en la que el conservadurismo de muchos países se halla embarcado. Se trata de copar el discurso público (conseguir que todo el mundo maneje los marcos de referencia conceptuales de los conservadores) para hacer aparecer los valores conservadores, la opción conservadora, como la única legítima. Sin esto, según Lakoff, los conservadores no pueden ganar porque sus políticas, al favorecer al gran capital, perjudican a la mayoría de votantes. (Vid. No pienses en un elefante, George Lakoff, Editorial Complutense, Madrid 2007)
Concretamente, en España, la derecha viene intentando al menos desde Aznar relacionar la españolidad con el conservadurismo. No es su única batalla cultural pero sí la más importante. ¿Quién no recuerda a Rajoy diciendo que su partido es el único que se siente orgulloso de ser español? Lo que se pretende con este discurso es transformar el valor del orgullo nacional, que es compartido grosso modo por todos, en un valor de derechas. Con ello se pretende atraer a quien se siente español hacia la derecha, ganado votos; y desprestigiar al adversario (en este caso el PSOE) presentándolo como poco menos que un traidor a la patria.
Hay que añadir que en nuestro país esto se ve reforzado por el poso de 40 años de retórica franquista: hay mucha gente que creció estudiando en la escuela que los rojos, es decir, la izquierda, eran unos traidores a España y que pretendían destruirla. Obviamente, lo que estaba en juego era la misma guerra cultural que hoy: legitimar la rebelión y posterior dictadura, presentándolas como la única opción patriótica; y deslegitimar al adversario izquierdista. Con el agravante de que aquél era el único discurso.
La izquierda española, además, no ha sabido reaccionar eficazmente contra esto. Quizá porque aún asocia, también, el patriotismo con la derecha. Porque acepta inconscientemente el marco de "amar a España es ser de derechas" y pretende diferenciarse de su adversario político con un discurso muy tímido en este sentido.
Por eso, todavía hoy, hay mucha gente en todo el espectro político que cree que sentirse español es de derechas, o que los españoles somos por naturaleza conservadores.
Sin embargo, creo que esto es falso. Creo que es perfectamente posible sentirse español y de izquierdas (la evidencia empírica así lo demuestra). Es más, creo que la españolidad y el progresismo no son sólo compatibles, creo que son parientes: al examinar la Historia de nuestro país, creo que podemos encontrar abundantes ejemplos. ¿Acaso no fuimos el tercer país del mundo en dotarse de una constitución escrita? ¿acaso no abolimos la pena de muerte e implantamos el voto femenino antes que muchos vecinos (p.ej. Francia)? ¿acaso no fuimos el primer país del mundo en legalizar el matrimonio homosexual con exactamente los mismos derechos y deberes que el heterosexual? ¿de las IX Legislaturas constituidas que llevamos, cuántas ha gobernado la izquierda y cuántas la derecha?
No pongo en duda la interpretación conservadora de la españolidad; creo que es evidente que también hay elementos conservadores en la identidad española. Pero también creo que en esa identidad los elementos progresistas no sólo están presentes, sino que son abundantes. Por eso creo que es tan posible como necesaria una interpretación progresista de la españolidad.
miércoles, 26 de marzo de 2008
Yo soy porque nosotros somos: ubuntu
Todos sabemos que Ubuntu es una distribución de Linux. Sin embargo, la palabra ubuntu, en un sentido etimológico, significa también algo más. Algo sin duda más humano, más profundo y más bello.
Ubuntu, en las lenguas de los Zulúes y de los Xhosa, hace referencia a una idea que hunde sus raíces en la filosofía tradicional de los pueblos bantúes de Sudáfrica, y que consiste en la creencia en un nexo fundamental entre los seres humanos, en que la existencia del individuo ni es ni puede ser independiente de la de su prójimo. Se suele traducir al español con circunloquios como "humanidad hacia otros", "una persona es persona en razón de las otras personas" o "yo soy porque nosotros somos".
Desmond Tutu, arzobispo de la Iglesia Anglicana de África Meridional que dedica su vida a trabajar por la justicia social y la reconciliación en la Sudáfrica de después del apartheid, lo define así: "una persona con ubuntu es abierta y está disponible para los demás, respalda a los demás, no se siente amenazado cuando otros son capaces y son buenos en algo, porque está seguro de sí mismo ya que sabe que pertenece a una gran totalidad, que se decrece cuando otras personas son humilladas o menospreciadas, cuando otros son torturados u oprimidos."
La Sociología y la Psicología nos enseñan que el ser humano es un ser social: no nos convertimos en humanos si no es en el seno de una sociedad, si no es a través de la socialización. Según Freud, la estructura del psiquismo sólo se forma por y para la socialización. Por eso los niños perdidos, que no han tenido contacto con otras personas desde pequeños, presentan muy pocos o ningún rasgo humano en su conducta.
Algunas de las aportaciones conceptuales a la Teoría Económica más audaces adel pasado siglo, como el Dilema del prisionero o la Paradoja de Hotelling, apuntan a la importancia capital de la concertación de intereses en el funcionamiento de las relaciones económicas y, de hecho, de todas las relaciones humanas: ambas muestran que, si varios agentes actúan siguiendo únicamente su propio interés e ignorando el interés común, el resultado es el peor de los escenarios posibles. De este modo, cuando nos comportamos como si nuestro beneficio pasase por el perjuicio de los demás, estamos en realidad perjudicándonos a nosotros también.
Muchos autores de Filosofía del Derecho confirman algo que tiene su demostración más evidente en la Teoría General de los Derechos Fundamentales: que la libertad sólo puede existir como tal dentro de unos límites, más allá de los cuales está la jungla. Si no hubiese normas y todos fuésemos absolutamente libres, ninguno lo sería en realidad, porque viviríamos en un caos donde estaríamos expuestos a que cualquiera nos matase. Así no podría haber sociedad, ni podría haber ser humano. Para evitar esto, para que pueda haber sociedad y ser humano, es preciso que cada cual limite su libertad para respetar la de los demás, renunciando a ser libre para hacer algunas cosas como, por ejemplo, matar. Éste es el razonamiento que sigue Rousseau en El contrato social. Así, yo no puedo ser libre si no dejo que los demás lo sean. Yo no soy libre si los demás no lo son.
Recientes documentos aparecidos en el ámbito de las Relaciones Internacionales, como Una Europa más segura en un mundo mejor, redactado por Javier Solana, o Un concepto más amplio de libertad: seguridad, desarrollo y Derechos Humanos para todos, presentado por Kofi Annan, ponen de relieve un hecho que ha venido siendo declarado diariamente por los mejores analistas estratégicos desde el final de la Guerra Fría: que en un mundo globalizado como el nuestro, las amenazas y los retos son globales, lo que requiere respuestas globales (como el Derecho Internacional). Respuestas que ningún país puede ofrecer por sí solo: todos somos víctimas del terrorismo, el cambio climático o las desigualdades, y o nos unimos para combatirlos o no venceremos.
Podríamos seguir poniendo ejemplos eternamente, pues el estudio del ser humano nos brinda constantemente demostraciones como éstas de la genialidad de la mirada de aquellos pueblos del Sur de África, que supieron ver que la propia naturaleza del hombre nos une a todos en un vínculo tan real y tan tangible como la tierra sobre la que caminamos. Porque, como decía Ortega y Gasset, "yo soy yo yo y mis circunstancias, y si no salvo a mis circunstancias no me salvo yo". Navegamos en el mismo barco. Yo soy porque nosotros somos. Ubuntu.
En Wikipedia se puede encontrar más información sobre el concepto de Ubuntu y sobre el Dilema del prisionero. Hay colgada en la web del Consejo de Europa una copia del llamado "Documento Solana", y en la de la ONU se puede ver un resumen del documento "Un concepto más amplio de libertad...".
Ubuntu, en las lenguas de los Zulúes y de los Xhosa, hace referencia a una idea que hunde sus raíces en la filosofía tradicional de los pueblos bantúes de Sudáfrica, y que consiste en la creencia en un nexo fundamental entre los seres humanos, en que la existencia del individuo ni es ni puede ser independiente de la de su prójimo. Se suele traducir al español con circunloquios como "humanidad hacia otros", "una persona es persona en razón de las otras personas" o "yo soy porque nosotros somos".
Desmond Tutu, arzobispo de la Iglesia Anglicana de África Meridional que dedica su vida a trabajar por la justicia social y la reconciliación en la Sudáfrica de después del apartheid, lo define así: "una persona con ubuntu es abierta y está disponible para los demás, respalda a los demás, no se siente amenazado cuando otros son capaces y son buenos en algo, porque está seguro de sí mismo ya que sabe que pertenece a una gran totalidad, que se decrece cuando otras personas son humilladas o menospreciadas, cuando otros son torturados u oprimidos."
La Sociología y la Psicología nos enseñan que el ser humano es un ser social: no nos convertimos en humanos si no es en el seno de una sociedad, si no es a través de la socialización. Según Freud, la estructura del psiquismo sólo se forma por y para la socialización. Por eso los niños perdidos, que no han tenido contacto con otras personas desde pequeños, presentan muy pocos o ningún rasgo humano en su conducta.
Algunas de las aportaciones conceptuales a la Teoría Económica más audaces adel pasado siglo, como el Dilema del prisionero o la Paradoja de Hotelling, apuntan a la importancia capital de la concertación de intereses en el funcionamiento de las relaciones económicas y, de hecho, de todas las relaciones humanas: ambas muestran que, si varios agentes actúan siguiendo únicamente su propio interés e ignorando el interés común, el resultado es el peor de los escenarios posibles. De este modo, cuando nos comportamos como si nuestro beneficio pasase por el perjuicio de los demás, estamos en realidad perjudicándonos a nosotros también.
Muchos autores de Filosofía del Derecho confirman algo que tiene su demostración más evidente en la Teoría General de los Derechos Fundamentales: que la libertad sólo puede existir como tal dentro de unos límites, más allá de los cuales está la jungla. Si no hubiese normas y todos fuésemos absolutamente libres, ninguno lo sería en realidad, porque viviríamos en un caos donde estaríamos expuestos a que cualquiera nos matase. Así no podría haber sociedad, ni podría haber ser humano. Para evitar esto, para que pueda haber sociedad y ser humano, es preciso que cada cual limite su libertad para respetar la de los demás, renunciando a ser libre para hacer algunas cosas como, por ejemplo, matar. Éste es el razonamiento que sigue Rousseau en El contrato social. Así, yo no puedo ser libre si no dejo que los demás lo sean. Yo no soy libre si los demás no lo son.
Recientes documentos aparecidos en el ámbito de las Relaciones Internacionales, como Una Europa más segura en un mundo mejor, redactado por Javier Solana, o Un concepto más amplio de libertad: seguridad, desarrollo y Derechos Humanos para todos, presentado por Kofi Annan, ponen de relieve un hecho que ha venido siendo declarado diariamente por los mejores analistas estratégicos desde el final de la Guerra Fría: que en un mundo globalizado como el nuestro, las amenazas y los retos son globales, lo que requiere respuestas globales (como el Derecho Internacional). Respuestas que ningún país puede ofrecer por sí solo: todos somos víctimas del terrorismo, el cambio climático o las desigualdades, y o nos unimos para combatirlos o no venceremos.
Podríamos seguir poniendo ejemplos eternamente, pues el estudio del ser humano nos brinda constantemente demostraciones como éstas de la genialidad de la mirada de aquellos pueblos del Sur de África, que supieron ver que la propia naturaleza del hombre nos une a todos en un vínculo tan real y tan tangible como la tierra sobre la que caminamos. Porque, como decía Ortega y Gasset, "yo soy yo yo y mis circunstancias, y si no salvo a mis circunstancias no me salvo yo". Navegamos en el mismo barco. Yo soy porque nosotros somos. Ubuntu.
En Wikipedia se puede encontrar más información sobre el concepto de Ubuntu y sobre el Dilema del prisionero. Hay colgada en la web del Consejo de Europa una copia del llamado "Documento Solana", y en la de la ONU se puede ver un resumen del documento "Un concepto más amplio de libertad...".
sábado, 15 de marzo de 2008
Una buena noticia para nuestra proyección exterior
Es de sobra conocida la botadura en los astilleros de Navantia Ferrol, el pasado día 10, del Buque de Proyección Estratégica Juan Carlos I (L 61), que previsiblemente entrará en servicio en 2009, tras su terminación a flote. Pero, ¿qué significa esta noticia?
Prima facie, un triunfo industrial y tecnológico: con sus 230 metros de eslora, 32 de manga y 27000 Tn de desplazamiento a plena carga, es el mayor navío de guerra jamás salido de astillero español; y el mayor que nunca haya enarbolado el pabellón de la Armada. De esta forma, sustituye al algo menor Príncipe de Asturias (R 11; en la fotografía) como insignia y símbolo de la fuerza naval española. La fórmula ingenieril ha resultado tan popular que Australia ya ha encargado dos buques basados en el mismo diseño a los astilleros de Navantia, igual que ya sucediera con Tailandia, que tiene un gemelo del R 11 construido en Bazán Ferrol y que lleva el nombre de Chakri Naruebet.
Sin embargo, probablemente lo más importante es, como indica su nombre, la proyección estratégica que este barco dará a la Armada. Amén de afianzar la presencia española en el selecto club de países con portaaviones (10 en todo el mundo), su gran polivalencia como buque de asalto anfibio (cuenta con dique inundable), transporte (con capacidad para más de 1000 personas), hospital y plataforma para aviación embarcada VSTOL (AV 8B como los del R11, helicópteros, JSF y V 22) le da una versatilidad muy necesaria en las operaciones navales de hoy día, que son principalmente de desembarco, asalto anfibio y apoyo a tierra. Y sobre todo, su gran autonomía le permite operar muy lejos de casa: puede recorrer 9000 NM sin repostar, o lo que es lo mismo, 16600 km, es decir, a México ida y vuelta. En resumen, un buque capaz de actuar como puño de la flota en todo tipo de operaciones y en teatros muy lejanos.
La Historia nos enseña que quien aspire a ser una potencia mundial ha de ser una potencia naval. El nicho en que mejor encaja España en el mundo actual es el de una potencia media pero con alcance global, lo que requiere (además de medios no militares) unas FFAA potentes, modernas y con crecientes compromisos internacionales. La entrega del L 61 Juan Carlos I es un paso importante en esa dirección: reforzar capacidades estratégicas para contar con mayor presencia e influencia a nivel planetario. Es decir, un importante paso en la dirección de convertir a España en una potencia: una buena noticia para todos.
En Wikipedia pueden encontrarse buenos artículos tanto sobre el R 11 Príncipe de Asturias como sobre el L 61 Juan Carlos I. También se puede encontrar una interesante lista de portaaviones del mundo por países. En Revista Naval.com se puede ver un álbum de fotos sobre la botadura del L 61 Juan Carlos I.
El Diario Sociópata
Hoy, para compensar el relativamente largo ayuno de escritura, dos posts. Primero éste, en que paso informe sobre una pequeña joya de la galaxia blogger:
El título es, creo, la traducción más precisa del nombre de un excelente blog que se puede visitar en http://sociopathdaily.blogspot.com/. Creado por tres estadounidenses (aparentemente universitarios. De hecho, al menos uno estudia Derecho) llenos de un ingenio incisivo, humor incorrecto y una considerable dosis de mala leche, abarca todo tipo de temas. Se destaca por su compromiso ideológico y social, y por la calidad de su escritura (al mejor estilo anglosajón) en variados registros.
En este momento sus autores parecen estar enfrascados en una larga serie de mensajes sobre "algo" llamado Anonymous, pero que el visitante primerizo no se llame a engaño: la variedad, la cantidad y la calidad son muy altas. Los tres doctores House de los blogs. Definitivamente recomendado.
El título es, creo, la traducción más precisa del nombre de un excelente blog que se puede visitar en http://sociopathdaily.blogspot.com/. Creado por tres estadounidenses (aparentemente universitarios. De hecho, al menos uno estudia Derecho) llenos de un ingenio incisivo, humor incorrecto y una considerable dosis de mala leche, abarca todo tipo de temas. Se destaca por su compromiso ideológico y social, y por la calidad de su escritura (al mejor estilo anglosajón) en variados registros.
En este momento sus autores parecen estar enfrascados en una larga serie de mensajes sobre "algo" llamado Anonymous, pero que el visitante primerizo no se llame a engaño: la variedad, la cantidad y la calidad son muy altas. Los tres doctores House de los blogs. Definitivamente recomendado.
martes, 4 de marzo de 2008
Esta vez, una cita maestra
La de hoy no es sólo una buena cita; es una verdaderamente cierta. Y lo es porque quien la dijo lo hizo con pleno conocimiento de causa: se trata de una persona a la que los atentados del 11-M pillaron en la cafetería de la estación de Atocha. Ayudó a los heridos con manteles y toallas. Aún hoy tiene secuelas. Su relato, esta misma mañana, nos estremeció a todos.
"No es que el tiempo pase demasiado deprisa. Es que nosotros pasamos demasiado deprisa por el tiempo"
Esta persona dio un golpe de timón en su vida después de presenciar el horror. Según refiere, la experiencia le hizo darse cuenta de muchas cosas, valorar lo que antes no valoraba y relativizar problemas que ahora veía que tan sólo eran molestias. Apreciar de verdad cada instante. En suma, le hizo vivir más plenamente.
Ojalá valga esto para que aprendamos de la experiencia ajena.
"No es que el tiempo pase demasiado deprisa. Es que nosotros pasamos demasiado deprisa por el tiempo"
Esta persona dio un golpe de timón en su vida después de presenciar el horror. Según refiere, la experiencia le hizo darse cuenta de muchas cosas, valorar lo que antes no valoraba y relativizar problemas que ahora veía que tan sólo eran molestias. Apreciar de verdad cada instante. En suma, le hizo vivir más plenamente.
Ojalá valga esto para que aprendamos de la experiencia ajena.
sábado, 1 de marzo de 2008
Eco de una idea sobre los derechos
Lo que sigue no es una reflexión hecha, sino leída por el que escribe. Sin embargo, lo certero de sus afirmaciones ha hecho que desee hacerme eco aquí de una idea sobre los derechos fundamentales, y sobre la relación entre el Estado y el Mercado, que creo sumamente esclarecedora.
Se trata de un artículo titulado El precio de los derechos, publicado en El País del pasado 29 de febrero por Francisco J. Laporta, catedrático de Filosofía del Derecho en la UAM. En él, viene a decir algo que podríamos resumir como sigue: para que los derechos sean efectivos hacen falta medios materiales que sostengan su puesta en práctica y tutela (enforcement) por parte del Estado. Y el Estado se dota de medios materiales mediante los impuestos. De este modo, los impuestos son necesarios para la existencia de los derechos. Sin los impuestos, el Estado, cuya función es tutelar los derechos, no tiene medios para hacerlo y éstos se quedan en una mera declaración de intenciones sin valor real.
Pero Laporta va más allá: sin derechos no podría haber Mercado. Porque para que éste exista es necesaria una seguridad en las transacciones, y lo que aporta esa seguridad es precisamente la eficacia de los derechos, del Ordenamiento Jurídico. Si no hay garantías de que se respetará la propiedad o de que los contratos se cumplirán, nadie emprendería operaciones económicas. Y esas garantías sólo las presta el Derecho, que no puede ser hecho cumplir por el Estado si éste no dispone de medios materiales suficientes. Y como estos medios provienen de los impuestos, sin impuestos no podría haber mercado.
* * *
Creo que en el artículo citado está implícita (entre otras) una importante lección dobre la tan traída y llevada dicotomía Estado-Mercado: que es rotundamente falsa. Pues, al fin y al cabo, si aceptamos las ideas más arriba expuestas, la conclusión inevitable es que Estado y Mercado se necesitan mutuamente:
el Mercado necesita de la seguridad proporcionada por el Estado en forma de Derecho para poder existir. Y el Estado necesita del Mercado para proveerse, via impuestos, de medios materiales que le permitan existir y hacer efectiva dicha seguridad (que es su misión). De este modo, ambos se entrelazan en un razonamiento circular. La existencia de uno no es lógicamente posible sin la existencia del otro.
El primer corolario de esto lo expone Laporta con amplitud, y esto resulta especialmente conveniente en días de desenfrenadas promesas electorales: se trata de la constatación de que las promesas de rebajas fiscales, si se materializan, implicarán un descenso de esa "seguridad en forma de Derecho" de que se habla más arriba, puesto que habrá menos medios para hacerlo cumplir.
Ahora confrontemos esto con la idea neoliberal de que el Estado debe quedar reducido al mínimo y no interferir en el Mercado: de llevarse esto a la práctica, el Mercado acabaría convirtiéndose en una jungla de lucha sin reglas, lo que no sólo implicaría un gran coste de sufrimiento humano, sino que, a la larga, lo llevaría irremisiblemente a su propia desaparición.
Así que, como dice el autor, los derechos tienen un precio inevitable que son los impuestos, y si pretendemos ahorrárnoslo acabaremos como "el pobre Jacob [que] vendió su primogenitura por un plato de lentejas".
Puede leerse el artículo de Francisco J. Laporta en El País.com de 29 de febrero de 2008 [link].
Se trata de un artículo titulado El precio de los derechos, publicado en El País del pasado 29 de febrero por Francisco J. Laporta, catedrático de Filosofía del Derecho en la UAM. En él, viene a decir algo que podríamos resumir como sigue: para que los derechos sean efectivos hacen falta medios materiales que sostengan su puesta en práctica y tutela (enforcement) por parte del Estado. Y el Estado se dota de medios materiales mediante los impuestos. De este modo, los impuestos son necesarios para la existencia de los derechos. Sin los impuestos, el Estado, cuya función es tutelar los derechos, no tiene medios para hacerlo y éstos se quedan en una mera declaración de intenciones sin valor real.
Pero Laporta va más allá: sin derechos no podría haber Mercado. Porque para que éste exista es necesaria una seguridad en las transacciones, y lo que aporta esa seguridad es precisamente la eficacia de los derechos, del Ordenamiento Jurídico. Si no hay garantías de que se respetará la propiedad o de que los contratos se cumplirán, nadie emprendería operaciones económicas. Y esas garantías sólo las presta el Derecho, que no puede ser hecho cumplir por el Estado si éste no dispone de medios materiales suficientes. Y como estos medios provienen de los impuestos, sin impuestos no podría haber mercado.
* * *
Creo que en el artículo citado está implícita (entre otras) una importante lección dobre la tan traída y llevada dicotomía Estado-Mercado: que es rotundamente falsa. Pues, al fin y al cabo, si aceptamos las ideas más arriba expuestas, la conclusión inevitable es que Estado y Mercado se necesitan mutuamente:
el Mercado necesita de la seguridad proporcionada por el Estado en forma de Derecho para poder existir. Y el Estado necesita del Mercado para proveerse, via impuestos, de medios materiales que le permitan existir y hacer efectiva dicha seguridad (que es su misión). De este modo, ambos se entrelazan en un razonamiento circular. La existencia de uno no es lógicamente posible sin la existencia del otro.
El primer corolario de esto lo expone Laporta con amplitud, y esto resulta especialmente conveniente en días de desenfrenadas promesas electorales: se trata de la constatación de que las promesas de rebajas fiscales, si se materializan, implicarán un descenso de esa "seguridad en forma de Derecho" de que se habla más arriba, puesto que habrá menos medios para hacerlo cumplir.
Ahora confrontemos esto con la idea neoliberal de que el Estado debe quedar reducido al mínimo y no interferir en el Mercado: de llevarse esto a la práctica, el Mercado acabaría convirtiéndose en una jungla de lucha sin reglas, lo que no sólo implicaría un gran coste de sufrimiento humano, sino que, a la larga, lo llevaría irremisiblemente a su propia desaparición.
Así que, como dice el autor, los derechos tienen un precio inevitable que son los impuestos, y si pretendemos ahorrárnoslo acabaremos como "el pobre Jacob [que] vendió su primogenitura por un plato de lentejas".
Puede leerse el artículo de Francisco J. Laporta en El País.com de 29 de febrero de 2008 [link].
lunes, 25 de febrero de 2008
Independencia de Kosovo: por lo menos, no así
Lo que sigue es una tribuna que se publicará próximamente en Glasnost, la revista de alumnos de la Facultad de Derecho (ICADE) de la Universidad Pontificia Comillas de Madrid. La limitación de espacio debida al formato (una cara por opinión, una en contra y otra a favor) ha traído consigo un considerable recorte respecto a lo que este su autor pretendía decir, aunque lo principal está dicho. Sin embargo, también le otorga brevedad, que en mi opinión es sin duda una virtud.
Creo que la independencia de Kosovo no debe ser reconocida, por tres motivos: por los Balcanes, por España (entre otros países), y por el Derecho Internacional.
Los Balcanes, a día de hoy, son un polvorín: por su extrema complejidad étnica, por las consecuencias de los múltiples conflictos que los han asolado en la última década, y por su delicado estado actual en términos económicos, políticos y sociales. Para dicho polvorín, la independencia de Kosovo puede ser aún más desestabilizadora. Ya de por sí lo es la incertidumbre sobre su futuro status (se desconoce si se unirá a Albania, con la que comparte etnia, lengua y religión o si permanecerá como Estado independiente), por no hablar de la posibilidad de que se convierta en un “agujero negro” controlado de facto por la mafia, y que sirva como entrada en Europa para terroristas, armas, drogas…En todo caso, su pésima situación socio-económica no presagia nada bueno al respecto (valga como ejemplo el dato del paro: 65%).
Sobre España, huelga decir que es sólo uno más de los múltiples países del mundo que incluye territorios con aspiraciones independentistas; y la independencia de Kosovo es peligrosa para todos ellos: recordemos que la declaración de independencia fue unilateral y con el rechazo frontal del Gobierno de Serbia, es decir, del país al que de iure pertenecía (de facto estaba administrada por la ONU). ¿Nos suena? El hecho de que dicha declaración vaya a ser o haya sido ya reconocida por la mayoría de los Estados del mundo, incluyendo a algunos de los más influyentes, sienta un precedente sumamente peligroso: ¿qué ocurriría si en alguna Comunidad Autónoma, un partido independentista (quizá en su gobierno) lanzase una declaración similar y otros Estados la reconocieran? Probablemente, conflicto grave. En idéntico brete están Rusia, que teme por Chechenia (entre otros); Moldavia, que teme por el Transdniéster…
Finalmente, el Derecho Internacional se vería gravemente dañado, puesto que Kosovo está violando la resolución 1244 (1999) del Consejo de Seguridad de la ONU, que garantiza su permanencia como provincia serbia; amén de varios principios generales. Esto consagra otro precedente impune de inobservancia del Derecho Internacional, que es lo que menos le conviene en una época en que su obligatoriedad está siendo puesta en entredicho, principalmente desde EEUU y sus aliados. En un mundo globalizado, el Derecho internacional es más necesario que nunca, porque es la respuesta global más eficaz a los nuevos retos y amenazas, que también son globales; y porque es la forma más eficaz de preservar la paz y el orden internacionales. Y actos como éste sólo contribuyen a debilitarlo.
Por todo ello, creo que reconocer la independencia de Kosovo, mientras ésta no se produzca con el aval de la ONU y del Derecho Internacional, es un gravísimo error; y me parece preocupante que un número creciente de Estados lo esté haciendo.
* * *
Es de sobra conocido que el pasado 17 de febrero, la provincia serbia de Kosovo proclamó de forma unilateral su independencia, provocando reacciones enfrentadas en el seno de la Comunidad Internacional. Ahora bien, ¿cuál ha de ser nuestra posición al respecto?Creo que la independencia de Kosovo no debe ser reconocida, por tres motivos: por los Balcanes, por España (entre otros países), y por el Derecho Internacional.
Los Balcanes, a día de hoy, son un polvorín: por su extrema complejidad étnica, por las consecuencias de los múltiples conflictos que los han asolado en la última década, y por su delicado estado actual en términos económicos, políticos y sociales. Para dicho polvorín, la independencia de Kosovo puede ser aún más desestabilizadora. Ya de por sí lo es la incertidumbre sobre su futuro status (se desconoce si se unirá a Albania, con la que comparte etnia, lengua y religión o si permanecerá como Estado independiente), por no hablar de la posibilidad de que se convierta en un “agujero negro” controlado de facto por la mafia, y que sirva como entrada en Europa para terroristas, armas, drogas…En todo caso, su pésima situación socio-económica no presagia nada bueno al respecto (valga como ejemplo el dato del paro: 65%).
Sobre España, huelga decir que es sólo uno más de los múltiples países del mundo que incluye territorios con aspiraciones independentistas; y la independencia de Kosovo es peligrosa para todos ellos: recordemos que la declaración de independencia fue unilateral y con el rechazo frontal del Gobierno de Serbia, es decir, del país al que de iure pertenecía (de facto estaba administrada por la ONU). ¿Nos suena? El hecho de que dicha declaración vaya a ser o haya sido ya reconocida por la mayoría de los Estados del mundo, incluyendo a algunos de los más influyentes, sienta un precedente sumamente peligroso: ¿qué ocurriría si en alguna Comunidad Autónoma, un partido independentista (quizá en su gobierno) lanzase una declaración similar y otros Estados la reconocieran? Probablemente, conflicto grave. En idéntico brete están Rusia, que teme por Chechenia (entre otros); Moldavia, que teme por el Transdniéster…
Finalmente, el Derecho Internacional se vería gravemente dañado, puesto que Kosovo está violando la resolución 1244 (1999) del Consejo de Seguridad de la ONU, que garantiza su permanencia como provincia serbia; amén de varios principios generales. Esto consagra otro precedente impune de inobservancia del Derecho Internacional, que es lo que menos le conviene en una época en que su obligatoriedad está siendo puesta en entredicho, principalmente desde EEUU y sus aliados. En un mundo globalizado, el Derecho internacional es más necesario que nunca, porque es la respuesta global más eficaz a los nuevos retos y amenazas, que también son globales; y porque es la forma más eficaz de preservar la paz y el orden internacionales. Y actos como éste sólo contribuyen a debilitarlo.
Por todo ello, creo que reconocer la independencia de Kosovo, mientras ésta no se produzca con el aval de la ONU y del Derecho Internacional, es un gravísimo error; y me parece preocupante que un número creciente de Estados lo esté haciendo.
domingo, 24 de febrero de 2008
Otra buena cita, si me lo permiten
Esta nueva perla no es de ningún gran escritor, ni filósofo, ni jurista. Es mía. Espero que se me perdone la osadía, quizá el narcisismo de calificarla de “buena”, de “cita” y de “perla”, pero creo que resume rápido y bien gran parte (en honor a la verdad, no todo) de mi concepto de la profesión abogacil.
“La abogacía es un arte escénico” -Yo
“La abogacía es un arte escénico” -Yo
martes, 19 de febrero de 2008
Una segunda Transición
A día de hoy, parece muy extendida en España una acusada desazón sobre la política y las instituciones. Se diría que los españoles estamos, en gran parte, hartos de las personas y de las corporaciones que se supone que nos representan: da la impresión de que las instituciones fallan y de que la política es una continua discusión bizantina que en nada sirve a los ciudadanos. En suma, cunde entre nuestros compatriotas un sentimiento de impasse en la vida pública.
Los ejemplos sobran: se acusa a las Cortes de ser poco representativas, al Poder Judicial de estar politizado, al modelo territorial de desunir al país...y a los políticos de incompetentes, mediocres y marrulleros. Probablemente, los españoles que estarían más o menos de acuerdo con estas afirmaciones son la gran mayoría.
Las preguntas que me hago son : ¿de dónde viene y a dónde va todo esto?
Creo que lo que explica esta impresión generalizada es que España se encuentra en un cambio de ciclo. Nos hallamos en una fase de transición entre modelos político-institucionales: entre el modelo salido de la Transición democrática y uno nuevo que está por llegar y que ha de sucederle.
La Transición fue hecha, por suerte, por políticos con un gran sentido de Estado. Fue una época en que muchos tuvieron que renunciar a mucho, en que se tuvieron que hacer muchos sacrificios para que llegara la democracia. Ése era entonces el objetivo principal al que se subordinaba todo, y efectivamente se consiguió. Sin embargo, para ello fue preciso dejar algunas cuestiones sin resolver o mal resueltas, como por ejemplo el modelo territorial o las relaciones con la Santa Sede. Y esto nos legó un sistema político en conjunto bueno pero con algunos defectos estructurales importantes. Defectos que no le impidieron funcionar razonablemente bien durante bastantes años, pero que fueron agravándose y que hoy amenazan con derribarlo.
Así, el modelo surgido de la Transición ha logrado traer y consolidar la democracia, que era su principal objetivo; pero está agotado porque no ha podido o no le ha correspondido resolver varios problemas seculares que ya no pueden esperar más.
Es ese agotamiento de modelo lo que vemos. Agravado por la concurrencia de unos políticos mediocres, enzarzados en polémicas egoístas y estériles, que son incapaces de hacerle frente. En este contexto, no es de extrañar el sentimiento antes descrito. Ni tampoco que entre en escena un partido como UPD, que presenta un proyecto de reformas profundas nacido para superar ese cambio de ciclo, y que se apoya precisamente en esa desazón por la política.
Así, ¿cuál es ese modelo nuevo que está llamado a suceder al legado de la Transición, y cómo y cuándo llegará? Eso es algo que está por ver, pero hay algunas cuestiones que ya se perfilan con relativa claridad: respecto al cuándo, en primer lugar, parece que por el momento no. No, porque el actual clima político no podía ser menos propicio para llevar a cabo las reformas de calado que se necesitan: nos hallamos en un estado de permanente confrontación, en el que es imposible lograr el amplio consenso imprescindible para dar solidez y estabilidad al nuevo sistema (como se hizo en la Transición); y los principales políticos carecen por completo del sentido de Estado también imprescindible para la empresa, instalándose en una vacua, bronquista e incluso frívola mediocridad.
Si somos afortunados y jugamos bien nuestras cartas (léase votos), vendrá un tiempo en que los políticos y los partidos sí sean capaces de la concertación necesaria, pero dudo que esto ocurra pronto. Desde luego, no en la IX Legislatura Constituida, que surgirá de las próximas elecciones generales del 9 de marzo. Quizá sí en la X Legislatura, tras oportunas renovaciones en el seno de los dos grandes partidos, aunque en mi opinión lo más probable con diferencia es que haya que esperar a la XI Legislatura.
En cuanto al contenido de las reformas, en segundo lugar, tres aparecen como los principales ejes: la estructura territorial, el Poder Judicial y las Cortes Generales. La primera esperemos que sean más estable que la diseñada en el denostado Título VIII de la Constitución. La mayoría de las propuestas apuntan a una recuperación de competencias por parte del Estado, situando al nuevo modelo como un equilibrio entre el Estado y las CCAA constitucionalmente fijado, para evitar posteriores conflictos. Se repetiría así, a grandes rasgos, lo ocurrido en la República Federal Alemana.
Respecto al segundo, muchos claman por su despolitización, especialmente del TC y del CGPJ. Esto presenta, no obstante, el problema de la elección/designación de sus miembros: si no lo hacen las Cortes para evitar que se conviertan en testaferros de los partidos, ¿quién lo hace? ¿Los jueces? ¿jueces y fiscales? ¿los ciudadanos? ¿designación mixta?
Dentro de las terceras, la Cámara que, probablemente, sufrirá más cambios es el Senado. De ser una cámara de segunda lectura con escaso poder de decisión real (potestas) aunque con gran autoridad moral (auctoritas), pasará seguramente a ser una cámara territorial, acorde con el Estado Autonómico. El Congreso de los Diputados, o seguirá aproximadamente como está, o pasará a elegirse según una circunscripción nacional única. No obstante, el que escribe cree que esto podría mermar la representatividad de partidos que conviene que estén en el Congreso (como los nacionalistas), que desde luego alteraría el sistema de bipartidismo imperfecto (lo que está por ver que convenga), y que supondría aceptar y acentuar un modelo partitocrático y fuertemente plebiscitario, en el sentido weberiano del término.
En suma: cambio de ciclo, etapa de transición y proximidad de cambios profundos. Esperemos que llegado el momento nos comportemos con responsabilidad y sentido de Estado, porque mucho nos va en ello. En todo caso, un momento apasionante.
Los ejemplos sobran: se acusa a las Cortes de ser poco representativas, al Poder Judicial de estar politizado, al modelo territorial de desunir al país...y a los políticos de incompetentes, mediocres y marrulleros. Probablemente, los españoles que estarían más o menos de acuerdo con estas afirmaciones son la gran mayoría.
Las preguntas que me hago son : ¿de dónde viene y a dónde va todo esto?
Creo que lo que explica esta impresión generalizada es que España se encuentra en un cambio de ciclo. Nos hallamos en una fase de transición entre modelos político-institucionales: entre el modelo salido de la Transición democrática y uno nuevo que está por llegar y que ha de sucederle.
La Transición fue hecha, por suerte, por políticos con un gran sentido de Estado. Fue una época en que muchos tuvieron que renunciar a mucho, en que se tuvieron que hacer muchos sacrificios para que llegara la democracia. Ése era entonces el objetivo principal al que se subordinaba todo, y efectivamente se consiguió. Sin embargo, para ello fue preciso dejar algunas cuestiones sin resolver o mal resueltas, como por ejemplo el modelo territorial o las relaciones con la Santa Sede. Y esto nos legó un sistema político en conjunto bueno pero con algunos defectos estructurales importantes. Defectos que no le impidieron funcionar razonablemente bien durante bastantes años, pero que fueron agravándose y que hoy amenazan con derribarlo.
Así, el modelo surgido de la Transición ha logrado traer y consolidar la democracia, que era su principal objetivo; pero está agotado porque no ha podido o no le ha correspondido resolver varios problemas seculares que ya no pueden esperar más.
Es ese agotamiento de modelo lo que vemos. Agravado por la concurrencia de unos políticos mediocres, enzarzados en polémicas egoístas y estériles, que son incapaces de hacerle frente. En este contexto, no es de extrañar el sentimiento antes descrito. Ni tampoco que entre en escena un partido como UPD, que presenta un proyecto de reformas profundas nacido para superar ese cambio de ciclo, y que se apoya precisamente en esa desazón por la política.
Así, ¿cuál es ese modelo nuevo que está llamado a suceder al legado de la Transición, y cómo y cuándo llegará? Eso es algo que está por ver, pero hay algunas cuestiones que ya se perfilan con relativa claridad: respecto al cuándo, en primer lugar, parece que por el momento no. No, porque el actual clima político no podía ser menos propicio para llevar a cabo las reformas de calado que se necesitan: nos hallamos en un estado de permanente confrontación, en el que es imposible lograr el amplio consenso imprescindible para dar solidez y estabilidad al nuevo sistema (como se hizo en la Transición); y los principales políticos carecen por completo del sentido de Estado también imprescindible para la empresa, instalándose en una vacua, bronquista e incluso frívola mediocridad.
Si somos afortunados y jugamos bien nuestras cartas (léase votos), vendrá un tiempo en que los políticos y los partidos sí sean capaces de la concertación necesaria, pero dudo que esto ocurra pronto. Desde luego, no en la IX Legislatura Constituida, que surgirá de las próximas elecciones generales del 9 de marzo. Quizá sí en la X Legislatura, tras oportunas renovaciones en el seno de los dos grandes partidos, aunque en mi opinión lo más probable con diferencia es que haya que esperar a la XI Legislatura.
En cuanto al contenido de las reformas, en segundo lugar, tres aparecen como los principales ejes: la estructura territorial, el Poder Judicial y las Cortes Generales. La primera esperemos que sean más estable que la diseñada en el denostado Título VIII de la Constitución. La mayoría de las propuestas apuntan a una recuperación de competencias por parte del Estado, situando al nuevo modelo como un equilibrio entre el Estado y las CCAA constitucionalmente fijado, para evitar posteriores conflictos. Se repetiría así, a grandes rasgos, lo ocurrido en la República Federal Alemana.
Respecto al segundo, muchos claman por su despolitización, especialmente del TC y del CGPJ. Esto presenta, no obstante, el problema de la elección/designación de sus miembros: si no lo hacen las Cortes para evitar que se conviertan en testaferros de los partidos, ¿quién lo hace? ¿Los jueces? ¿jueces y fiscales? ¿los ciudadanos? ¿designación mixta?
Dentro de las terceras, la Cámara que, probablemente, sufrirá más cambios es el Senado. De ser una cámara de segunda lectura con escaso poder de decisión real (potestas) aunque con gran autoridad moral (auctoritas), pasará seguramente a ser una cámara territorial, acorde con el Estado Autonómico. El Congreso de los Diputados, o seguirá aproximadamente como está, o pasará a elegirse según una circunscripción nacional única. No obstante, el que escribe cree que esto podría mermar la representatividad de partidos que conviene que estén en el Congreso (como los nacionalistas), que desde luego alteraría el sistema de bipartidismo imperfecto (lo que está por ver que convenga), y que supondría aceptar y acentuar un modelo partitocrático y fuertemente plebiscitario, en el sentido weberiano del término.
En suma: cambio de ciclo, etapa de transición y proximidad de cambios profundos. Esperemos que llegado el momento nos comportemos con responsabilidad y sentido de Estado, porque mucho nos va en ello. En todo caso, un momento apasionante.
martes, 12 de febrero de 2008
Por un sistema unificado de Responsabilidad Civil
El sistema jurídico español en materia de Responsabilidad Civil tiene dos cosas en común con el Dios de los cristianos: en primer lugar, es uno y trino; y en segundo, es muy difícil tratar con él.
Es uno y trino porque tiene dos divisiones que son, cuando menos, cuestionables, y que generan una triple regulación que resulta sumamente engorrosa: Responsabilidad Civil "pura" y "derivada del delito" por un lado, y Responsabilidad Civil "contractual" y "extracontractual" por otro. De esta forma, nos encontramos con tres regulaciones distintas: la RC "derivada del delito" se trata en el Código Penal, mientras que la "contractual" y la "extracontractual" se configuran, con algunas diferencias importantes, en el Código Civil. Todo esto genera confusión y merma la seguridad jurídica, sin que se hallen razones de peso para justificar la permanencia de tales divisiones.
Es conocido que el motivo por el que se incluyó la RC "derivada del delito" en el CP de 1822 es que se sabía que el CCiv iba a tardar debido a los Derechos Forales y se prefirió aprovechar la oportunidad para incluirla en un Código. Así se evitaba tener que recurrir a las Partidas y se le daba una regulación moderna. Sin embargo, esto nacía como solución temporal, hasta que el CCiv diseñase el sistema completo de RC, momento en el cual se suprimiría ese trozo de Derecho Civil incrustado en el Código Penal. ¿Por qué, desde 1889 hasta hoy, no se ha solucionado este anacronismo?
Hay quien aduce que la RC "derivada del delito" tiene un carácter distinto de la RC "pura", alegando entre otras razones una pretendida naturaleza punitiva. Sin embargo, hemos de rechazar de plano tesis como ésta por dos razones, una teórica y una práctica: Primero, que para el funcionamiento de la RC es absolutamente irrelevante la tipificación como delito del hecho del que nace. No nace de un delito, nace de un hecho dañoso, de cualquier hecho dañoso, sin importar si otras ramas del Ordenamiento le asignan otras consecuencias jurídicas. Como lo demuestra el hecho de que, si un acto que funda RC y además es delito deja de estar tipificado como tal, sigue fundando RC. De este modo, la Responsabilidad Civil y la Responsabilidad Criminal siguen caminos totalmente separados, aunque partan del mismo hecho. Y esto es así por sus diferentes fundamentos (resarcitorio vs. punitivo), que determinan diferentes procedimientos, sanciones, etc., es decir, diferentes sistemas. Lo que nos lleva a la segunda razón: consideraciones de este tipo tienden a acercar la Responsabilidad Civil y la Criminal, lo que es sumamente peligroso. No sólo es que la RC no tenga en modo alguno fundamento punitivo, sino que pretender que es así puede fácilmente llevar a la aplicación de sanciones sumamente aflictivas sin las debidas garantías penales y procesales. Algo así ya ocurre en EEUU con el instituto de los punitive damages (indemnizaciones punitivas, nótese la contradictio in terminis). Por no mencionar el problema de los plazos de prescripción de las acciones, cuya duplicidad lleva al fraude de presentar como delito hechos que no lo son para aparentar estar dentro del plazo. Así, esta distinción no solo es vana sino que puede llegar a ser perjudicial para la seguridad jurídica.
No obstante, es lícito que el Derecho Penal no desconozca la existencia o no de RC (e.g. a los efectos del otorgamiento de la libertad condicional). Bien entendido, esto no implica acercar la RC a lo penal, sino simplemente un sano ejercicio de visión de conjunto y de comunicación entre las diferentes ramas del Ordenamiento Jurídico. Lo mismo se puede decir de que se ventile la RC en el propio procedimiento penal, por un imperativo básico de economía procesal. Pero, evidentemente, todo esto no es óbice para un sistema unificado de Responsabilidad Civil.
En cuanto a la frontera entre RC "contractual" y "extracontractual", creo que lo poco nítida que es a día de hoy demuestra su poco sentido. Volvemos a lo mismo: que el hecho dañoso sea, además, incumplimiento de contrato no incumbe para nada al sistema de RC. Como lo prueba que el solo incumplimiento no presuma daño, sino que haya que probarlo: cumplimiento e indemnización siguen caminos distintos porque son cosas distintas; del primero conoce el sistema contractual y del segundo el sistema de RC. Por otro lado, también aquí hay una razón práctica: la existencia o no de contrato es con frecuencia difícil de determinar, lo que genera supuestos dudosos en que hay un gran problema: los plazos. Si hay contrato la acción prescribe a los 15 años, si no lo hay, al año. ¿Qué sentido tiene esto? Creo que el que se hayan tenido que adaptar figuras del Derecho Penal como el concurso de normas y de pretensiones demuestra que ninguno. De este modo, también esta división es injustificable, tanto conceptualmente como pragmáticamente.
En suma: la distinción de varios tipos de Responsabilidad Civil no sólo no se sostiene desde un punto de vista teórico, sino que además plantea numerosos problemas prácticos, tanto forenses (señaladamente los de los plazos) como didácticos. Creo que urge la necesidad de un sistema unificado de Responsabilidad Civil. Ojalá opinen lo mismo los señores de la Comisión General de Codificación.
Es uno y trino porque tiene dos divisiones que son, cuando menos, cuestionables, y que generan una triple regulación que resulta sumamente engorrosa: Responsabilidad Civil "pura" y "derivada del delito" por un lado, y Responsabilidad Civil "contractual" y "extracontractual" por otro. De esta forma, nos encontramos con tres regulaciones distintas: la RC "derivada del delito" se trata en el Código Penal, mientras que la "contractual" y la "extracontractual" se configuran, con algunas diferencias importantes, en el Código Civil. Todo esto genera confusión y merma la seguridad jurídica, sin que se hallen razones de peso para justificar la permanencia de tales divisiones.
Es conocido que el motivo por el que se incluyó la RC "derivada del delito" en el CP de 1822 es que se sabía que el CCiv iba a tardar debido a los Derechos Forales y se prefirió aprovechar la oportunidad para incluirla en un Código. Así se evitaba tener que recurrir a las Partidas y se le daba una regulación moderna. Sin embargo, esto nacía como solución temporal, hasta que el CCiv diseñase el sistema completo de RC, momento en el cual se suprimiría ese trozo de Derecho Civil incrustado en el Código Penal. ¿Por qué, desde 1889 hasta hoy, no se ha solucionado este anacronismo?
Hay quien aduce que la RC "derivada del delito" tiene un carácter distinto de la RC "pura", alegando entre otras razones una pretendida naturaleza punitiva. Sin embargo, hemos de rechazar de plano tesis como ésta por dos razones, una teórica y una práctica: Primero, que para el funcionamiento de la RC es absolutamente irrelevante la tipificación como delito del hecho del que nace. No nace de un delito, nace de un hecho dañoso, de cualquier hecho dañoso, sin importar si otras ramas del Ordenamiento le asignan otras consecuencias jurídicas. Como lo demuestra el hecho de que, si un acto que funda RC y además es delito deja de estar tipificado como tal, sigue fundando RC. De este modo, la Responsabilidad Civil y la Responsabilidad Criminal siguen caminos totalmente separados, aunque partan del mismo hecho. Y esto es así por sus diferentes fundamentos (resarcitorio vs. punitivo), que determinan diferentes procedimientos, sanciones, etc., es decir, diferentes sistemas. Lo que nos lleva a la segunda razón: consideraciones de este tipo tienden a acercar la Responsabilidad Civil y la Criminal, lo que es sumamente peligroso. No sólo es que la RC no tenga en modo alguno fundamento punitivo, sino que pretender que es así puede fácilmente llevar a la aplicación de sanciones sumamente aflictivas sin las debidas garantías penales y procesales. Algo así ya ocurre en EEUU con el instituto de los punitive damages (indemnizaciones punitivas, nótese la contradictio in terminis). Por no mencionar el problema de los plazos de prescripción de las acciones, cuya duplicidad lleva al fraude de presentar como delito hechos que no lo son para aparentar estar dentro del plazo. Así, esta distinción no solo es vana sino que puede llegar a ser perjudicial para la seguridad jurídica.
No obstante, es lícito que el Derecho Penal no desconozca la existencia o no de RC (e.g. a los efectos del otorgamiento de la libertad condicional). Bien entendido, esto no implica acercar la RC a lo penal, sino simplemente un sano ejercicio de visión de conjunto y de comunicación entre las diferentes ramas del Ordenamiento Jurídico. Lo mismo se puede decir de que se ventile la RC en el propio procedimiento penal, por un imperativo básico de economía procesal. Pero, evidentemente, todo esto no es óbice para un sistema unificado de Responsabilidad Civil.
En cuanto a la frontera entre RC "contractual" y "extracontractual", creo que lo poco nítida que es a día de hoy demuestra su poco sentido. Volvemos a lo mismo: que el hecho dañoso sea, además, incumplimiento de contrato no incumbe para nada al sistema de RC. Como lo prueba que el solo incumplimiento no presuma daño, sino que haya que probarlo: cumplimiento e indemnización siguen caminos distintos porque son cosas distintas; del primero conoce el sistema contractual y del segundo el sistema de RC. Por otro lado, también aquí hay una razón práctica: la existencia o no de contrato es con frecuencia difícil de determinar, lo que genera supuestos dudosos en que hay un gran problema: los plazos. Si hay contrato la acción prescribe a los 15 años, si no lo hay, al año. ¿Qué sentido tiene esto? Creo que el que se hayan tenido que adaptar figuras del Derecho Penal como el concurso de normas y de pretensiones demuestra que ninguno. De este modo, también esta división es injustificable, tanto conceptualmente como pragmáticamente.
En suma: la distinción de varios tipos de Responsabilidad Civil no sólo no se sostiene desde un punto de vista teórico, sino que además plantea numerosos problemas prácticos, tanto forenses (señaladamente los de los plazos) como didácticos. Creo que urge la necesidad de un sistema unificado de Responsabilidad Civil. Ojalá opinen lo mismo los señores de la Comisión General de Codificación.
Suscribirse a:
Entradas (Atom)