Una segunda Transición

A día de hoy, parece muy extendida en España una acusada desazón sobre la política y las instituciones. Se diría que los españoles estamos, en gran parte, hartos de las personas y de las corporaciones que se supone que nos representan: da la impresión de que las instituciones fallan y de que la política es una continua discusión bizantina que en nada sirve a los ciudadanos. En suma, cunde entre nuestros compatriotas un sentimiento de impasse en la vida pública.

Los ejemplos sobran: se acusa a las Cortes de ser poco representativas, al Poder Judicial de estar politizado, al modelo territorial de desunir al país...y a los políticos de incompetentes, mediocres y marrulleros. Probablemente, los españoles que estarían más o menos de acuerdo con estas afirmaciones son la gran mayoría.

Las preguntas que me hago son : ¿de dónde viene y a dónde va todo esto?

Creo que lo que explica esta impresión generalizada es que España se encuentra en un cambio de ciclo. Nos hallamos en una fase de transición entre modelos político-institucionales: entre el modelo salido de la Transición democrática y uno nuevo que está por llegar y que ha de sucederle.

La Transición fue hecha, por suerte, por políticos con un gran sentido de Estado. Fue una época en que muchos tuvieron que renunciar a mucho, en que se tuvieron que hacer muchos sacrificios para que llegara la democracia. Ése era entonces el objetivo principal al que se subordinaba todo, y efectivamente se consiguió. Sin embargo, para ello fue preciso dejar algunas cuestiones sin resolver o mal resueltas, como por ejemplo el modelo territorial o las relaciones con la Santa Sede. Y esto nos legó un sistema político en conjunto bueno pero con algunos defectos estructurales importantes. Defectos que no le impidieron funcionar razonablemente bien durante bastantes años, pero que fueron agravándose y que hoy amenazan con derribarlo.

Así, el modelo surgido de la Transición ha logrado traer y consolidar la democracia, que era su principal objetivo; pero está agotado porque no ha podido o no le ha correspondido resolver varios problemas seculares que ya no pueden esperar más.

Es ese agotamiento de modelo lo que vemos. Agravado por la concurrencia de unos políticos mediocres, enzarzados en polémicas egoístas y estériles, que son incapaces de hacerle frente. En este contexto, no es de extrañar el sentimiento antes descrito. Ni tampoco que entre en escena un partido como UPD, que presenta un proyecto de reformas profundas nacido para superar ese cambio de ciclo, y que se apoya precisamente en esa desazón por la política.

Así, ¿cuál es ese modelo nuevo que está llamado a suceder al legado de la Transición, y cómo y cuándo llegará? Eso es algo que está por ver, pero hay algunas cuestiones que ya se perfilan con relativa claridad: respecto al cuándo, en primer lugar, parece que por el momento no. No, porque el actual clima político no podía ser menos propicio para llevar a cabo las reformas de calado que se necesitan: nos hallamos en un estado de permanente confrontación, en el que es imposible lograr el amplio consenso imprescindible para dar solidez y estabilidad al nuevo sistema (como se hizo en la Transición); y los principales políticos carecen por completo del sentido de Estado también imprescindible para la empresa, instalándose en una vacua, bronquista e incluso frívola mediocridad.


Si somos afortunados y jugamos bien nuestras cartas (léase votos), vendrá un tiempo en que los políticos y los partidos sí sean capaces de la concertación necesaria, pero dudo que esto ocurra pronto. Desde luego, no en la IX Legislatura Constituida, que surgirá de las próximas elecciones generales del 9 de marzo. Quizá sí en la X Legislatura, tras oportunas renovaciones en el seno de los dos grandes partidos, aunque en mi opinión lo más probable con diferencia es que haya que esperar a la XI Legislatura.

En cuanto al contenido de las reformas, en segundo lugar, tres aparecen como los principales ejes: la estructura territorial, el Poder Judicial y las Cortes Generales. La primera esperemos que sean más estable que la diseñada en el denostado Título VIII de la Constitución. La mayoría de las propuestas apuntan a una recuperación de competencias por parte del Estado, situando al nuevo modelo como un equilibrio entre el Estado y las CCAA constitucionalmente fijado, para evitar posteriores conflictos. Se repetiría así, a grandes rasgos, lo ocurrido en la República Federal Alemana.

Respecto al segundo, muchos claman por su despolitización, especialmente del TC y del CGPJ. Esto presenta, no obstante, el problema de la elección/designación de sus miembros: si no lo hacen las Cortes para evitar que se conviertan en testaferros de los partidos, ¿quién lo hace? ¿Los jueces? ¿jueces y fiscales? ¿los ciudadanos? ¿designación mixta?

Dentro de las terceras, la Cámara que, probablemente, sufrirá más cambios es el Senado. De ser una cámara de segunda lectura con escaso poder de decisión real (potestas) aunque con gran autoridad moral (auctoritas), pasará seguramente a ser una cámara territorial, acorde con el Estado Autonómico. El Congreso de los Diputados, o seguirá aproximadamente como está, o pasará a elegirse según una circunscripción nacional única. No obstante, el que escribe cree que esto podría mermar la representatividad de partidos que conviene que estén en el Congreso (como los nacionalistas), que desde luego alteraría el sistema de bipartidismo imperfecto (lo que está por ver que convenga), y que supondría aceptar y acentuar un modelo partitocrático y fuertemente plebiscitario, en el sentido weberiano del término.

En suma: cambio de ciclo, etapa de transición y proximidad de cambios profundos. Esperemos que llegado el momento nos comportemos con responsabilidad y sentido de Estado, porque mucho nos va en ello. En todo caso, un momento apasionante.