Si este post tiene algún objeto, es el de hacer una recomendación a todo aquel que se interese por el análisis político. Si leer sobre política es para vd. un placer, entonces el blog la moqueta verde le hará sentirse como un niño en una pastelería.
Cuatro graduados del Instituto Juan March y becados en diferentes puestos de avanzada del conocimiento político, como las universidades de Oxford, Essex y Yale o el Banco Mundial, reflexionan sobre la política española, internacional y sobre la política en general con una mirada limpia, certera y siempre original. Además, aderezan su escritura con ocasionales comentarios sobre variados ámbitos, desde el cine hasta las TIC. Encontrar tanto buen hacer científico a la vez, y más en este campo, es como econtrar un campo de petróleo. Simplemente magnífico.
miércoles, 30 de abril de 2008
viernes, 25 de abril de 2008
El sacerdote y el gobernante
La tendencia de la derecha y de la Iglesia católica a hacer causa común es algo que viene verificándose en todo el mundo desde que existe tal cosa como la derecha, e incluso antes de que ésta tuviera nombre.
¿Por qué? ¿Qué intereses tienen en común dos organizaciones tan distintas -porque lo son- como un partido político conservador de cualquier país occidental y la Iglesia de Roma?
Acostumbrados como estamos a verlo, el consorcio político entre ambas corporaciones nos resulta de una naturalidad a veces sorprendente, como si tuvieran los mismos objetivos. Sin embargo, el núcleo del programa conservador y el núcleo del programa eclesiástico no tienen absolutamente nada en común. Su relación es puramente instrumental.
Los conservadores quieren, fundamentalmente, diseñar una sociedad y un Estado a la medida de lo que Georfe Lakoff -a quien no es la primera vez que se cita aquí- llamó la moral del padre estricto, es decir, la forma conservadora de ver el mundo y de estar en el mundo; opuesta a la progresista, la moral de los padres protectores. Esto consiste grosso modo en una serie de políticas que todos conocemos: recorte de programas sociales, privatización de servicios públicos, levatamiento de controles al libre mercado, política exterior de fuerza... En suma, en una manera determinada de orientar el rumbo de un país.
Por su parte, la Iglesia, desde mediados de este siglo, lleva ocupándose con todas sus fuerzas de un mismo problema: su pérdida de influencia. No hay confesión religiosa en el mundo cuya jerarquía dirigente acumule más poder que la de la Iglesia católica. Este poder se manifiesta en muchos campos, desde el económico hasta el mediático, pasando por el político; pero tiene un único origen: los fieles. Lo que da a la Iglesia todo el poder que tiene es que hay gente que cree en ella, que sigue sus dictados, que colabora con sus proyectos. Sin esa gente, la Iglesia no tendría nada. Y el hecho es que el número de personas que orientan su vida según las directrices del Papado disminuye rápidamente. La Iglesia está empeñada en detener ese proceso; eso es lo único que verdaderamente le importa ahora: se juega su supervivencia.
Es decir, básicamente: los partidos conservadores pretenden llevar a cabo unas determinadas políticas mientras que la Iglesia pretende mantener su poder. Ambos objetivos difieren entre sí por completo: al Papa le importa un bledo la privatización de los servicios públicos, a la derecha le trae sin cuidado que la gente viva según los mandamientos. Es cierto que la moral conservadora tiene algún punto de contacto con la eclesiástica, concretamente en lo tocante al sexo, pero esto es una parte tan pequeña de su programa que no es en modo alguno suficiente para justificar tanta unión.
Así pues, ¿qué es lo que los une? Sencillo pero efectivo: el poder. La simbiosis entre la derecha y la Iglesia católica se funda en una mutua potenciación del poder de cada una de ellas.
La derecha despliega unas políticas que benefician al gran capital, pero que perjudican a la mayoría de la población. Y eso juega en su contra. Para conseguir votos, revisten su programa de valores morales y éticos con los que mucha gente de todas las clases se identifica, de forma que mucha gente les vota por su identidad y en contra de sus intereses. El apoyo más o menos intenso a la moral católica forma parte de esta estrategia: si se presentan como los aliados de la Iglesia, los que van a llevar a la práctica su moral -oposición al matrimonio entre personas del mismo sexo, a la eutanasia, al aborto...- consiguen votos católicos. La Iglesia, a su vez, les apoya para que efectivamente lleven a cabo sus propuestas, y a cambio usa su influencia para conseguirles votos, llamando al sufragio conservador más o menos explícitamente.
De este modo la Iglesia consigue mantener influencia, y los partidos conservadores consiguen votos. La simbiosis perfecta.
¿Por qué? ¿Qué intereses tienen en común dos organizaciones tan distintas -porque lo son- como un partido político conservador de cualquier país occidental y la Iglesia de Roma?
Acostumbrados como estamos a verlo, el consorcio político entre ambas corporaciones nos resulta de una naturalidad a veces sorprendente, como si tuvieran los mismos objetivos. Sin embargo, el núcleo del programa conservador y el núcleo del programa eclesiástico no tienen absolutamente nada en común. Su relación es puramente instrumental.
Los conservadores quieren, fundamentalmente, diseñar una sociedad y un Estado a la medida de lo que Georfe Lakoff -a quien no es la primera vez que se cita aquí- llamó la moral del padre estricto, es decir, la forma conservadora de ver el mundo y de estar en el mundo; opuesta a la progresista, la moral de los padres protectores. Esto consiste grosso modo en una serie de políticas que todos conocemos: recorte de programas sociales, privatización de servicios públicos, levatamiento de controles al libre mercado, política exterior de fuerza... En suma, en una manera determinada de orientar el rumbo de un país.
Por su parte, la Iglesia, desde mediados de este siglo, lleva ocupándose con todas sus fuerzas de un mismo problema: su pérdida de influencia. No hay confesión religiosa en el mundo cuya jerarquía dirigente acumule más poder que la de la Iglesia católica. Este poder se manifiesta en muchos campos, desde el económico hasta el mediático, pasando por el político; pero tiene un único origen: los fieles. Lo que da a la Iglesia todo el poder que tiene es que hay gente que cree en ella, que sigue sus dictados, que colabora con sus proyectos. Sin esa gente, la Iglesia no tendría nada. Y el hecho es que el número de personas que orientan su vida según las directrices del Papado disminuye rápidamente. La Iglesia está empeñada en detener ese proceso; eso es lo único que verdaderamente le importa ahora: se juega su supervivencia.
Es decir, básicamente: los partidos conservadores pretenden llevar a cabo unas determinadas políticas mientras que la Iglesia pretende mantener su poder. Ambos objetivos difieren entre sí por completo: al Papa le importa un bledo la privatización de los servicios públicos, a la derecha le trae sin cuidado que la gente viva según los mandamientos. Es cierto que la moral conservadora tiene algún punto de contacto con la eclesiástica, concretamente en lo tocante al sexo, pero esto es una parte tan pequeña de su programa que no es en modo alguno suficiente para justificar tanta unión.
Así pues, ¿qué es lo que los une? Sencillo pero efectivo: el poder. La simbiosis entre la derecha y la Iglesia católica se funda en una mutua potenciación del poder de cada una de ellas.
La derecha despliega unas políticas que benefician al gran capital, pero que perjudican a la mayoría de la población. Y eso juega en su contra. Para conseguir votos, revisten su programa de valores morales y éticos con los que mucha gente de todas las clases se identifica, de forma que mucha gente les vota por su identidad y en contra de sus intereses. El apoyo más o menos intenso a la moral católica forma parte de esta estrategia: si se presentan como los aliados de la Iglesia, los que van a llevar a la práctica su moral -oposición al matrimonio entre personas del mismo sexo, a la eutanasia, al aborto...- consiguen votos católicos. La Iglesia, a su vez, les apoya para que efectivamente lleven a cabo sus propuestas, y a cambio usa su influencia para conseguirles votos, llamando al sufragio conservador más o menos explícitamente.
De este modo la Iglesia consigue mantener influencia, y los partidos conservadores consiguen votos. La simbiosis perfecta.
lunes, 21 de abril de 2008
Privilegiado el que lo lea. Una mirada fuera de la burbuja
Vd., querido lector o lectora, es un privilegiado.
Es un privilegiado por muchas razones. En primer lugar, es un privilegiado porque está leyendo esto a través de una conexión a internet, es decir, que pertenece vd. a ese 16,5% de privilegiados que pueden acceder a internet en el mundo (aproximadamente, 1000 millones de 6000). Este hecho permite deducir con razonable probabilidad otros, también indicativos de su condición de privilegiado. Por ejemplo, que seguramente tiene vd. acceso a agua potable, asistencia médica básica, instrucción...
* * *
Lo cierto es que no siempre es fácil darse cuenta de dónde está uno. Los occidentales vivimos en una burbuja hasta un punto que no nos imaginamos, y resulta muy instructivo echar de vez en cuando una mirada fuera de ella para ver cómo es realmente el mundo en que vivimos.
Una manera tan ilustradora como entretenida de hacerlo es mediante un videojuego. Uno que, desde luego, puede ayudar a desmontar más de un prejuicio sobre los videojuegos; y también sobre la realidad que nos rodea. Me refiero a Real Lives, el proyecto estrella de Educational Simulations. Este pequeño programa, de descarga gratuita, simula una vida en cualquier país del mundo usando datos estadísticos y análisis de probabilidades para generar eventos y circunstacias. Cientos de variables son tenidas en cuenta, desde enfermedades hasta relaciones amorosas pasando por niveles de instrucción o de renta. De esta manera, es posible vivir en 15 minutos toda la vida de nuestro personaje ficticio, haciéndose una cabal idea de cuál es su realidad cotidiana.
Definitivamente recomendado, toda una experiencia. Una excelente manera de entender algunas de las miserias (y de las grandezas) de nuestro mundo y de ver cómo afectan a la vida diaria de millones de personas. El único problema es que sólo está en inglés, aunque no es un nivel especialmente complicado.
* * *
Existe una asociación específicamente dedicada a apoyar juegos que promuevan un cambio social o que ayuden a concienciarse sobre las cuestiones del mundo de hoy. En ella se puede encontrar un link al proyecto Real Lives, así como muchos otros programas igualmente interesantes, como un simulador de refugiados. Dicha asociación se denomina Games for Change (Juegos para el cambio) y es parte de la Serious Games Initiative (Iniciativa juegos serios). En su página web se puede hacer un recorrido por el desarrollo y las aplicaciones de este nuevo tipo de software.
Hoy somos, nos guste o no, ciudadanos no sólo de nuestro país, sino también de nuestro planeta. No podemos sustraernos a las grandes cuestiones actuales; estamos ya metidos hasta el cuello en ellas. Si queremos estar plenamente en el mundo que nos ha tocado vivir, tendremos que intentar entender cómo es en realidad para poder actuar en él de forma eficaz y responsable. De esto se trata aquí.
Más información (en inglés) en la página principal de Games for Change y en la de Educational Simulations. Una versión de prueba bastante buena del juego Real Lives se puede descargar gratuitamente en la misma página web. Es preciso dar unos datos para ello, aunque el único realmente necesario es el e-mail.
Es un privilegiado por muchas razones. En primer lugar, es un privilegiado porque está leyendo esto a través de una conexión a internet, es decir, que pertenece vd. a ese 16,5% de privilegiados que pueden acceder a internet en el mundo (aproximadamente, 1000 millones de 6000). Este hecho permite deducir con razonable probabilidad otros, también indicativos de su condición de privilegiado. Por ejemplo, que seguramente tiene vd. acceso a agua potable, asistencia médica básica, instrucción...
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Lo cierto es que no siempre es fácil darse cuenta de dónde está uno. Los occidentales vivimos en una burbuja hasta un punto que no nos imaginamos, y resulta muy instructivo echar de vez en cuando una mirada fuera de ella para ver cómo es realmente el mundo en que vivimos.
Una manera tan ilustradora como entretenida de hacerlo es mediante un videojuego. Uno que, desde luego, puede ayudar a desmontar más de un prejuicio sobre los videojuegos; y también sobre la realidad que nos rodea. Me refiero a Real Lives, el proyecto estrella de Educational Simulations. Este pequeño programa, de descarga gratuita, simula una vida en cualquier país del mundo usando datos estadísticos y análisis de probabilidades para generar eventos y circunstacias. Cientos de variables son tenidas en cuenta, desde enfermedades hasta relaciones amorosas pasando por niveles de instrucción o de renta. De esta manera, es posible vivir en 15 minutos toda la vida de nuestro personaje ficticio, haciéndose una cabal idea de cuál es su realidad cotidiana.
Definitivamente recomendado, toda una experiencia. Una excelente manera de entender algunas de las miserias (y de las grandezas) de nuestro mundo y de ver cómo afectan a la vida diaria de millones de personas. El único problema es que sólo está en inglés, aunque no es un nivel especialmente complicado.
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Existe una asociación específicamente dedicada a apoyar juegos que promuevan un cambio social o que ayuden a concienciarse sobre las cuestiones del mundo de hoy. En ella se puede encontrar un link al proyecto Real Lives, así como muchos otros programas igualmente interesantes, como un simulador de refugiados. Dicha asociación se denomina Games for Change (Juegos para el cambio) y es parte de la Serious Games Initiative (Iniciativa juegos serios). En su página web se puede hacer un recorrido por el desarrollo y las aplicaciones de este nuevo tipo de software.
Hoy somos, nos guste o no, ciudadanos no sólo de nuestro país, sino también de nuestro planeta. No podemos sustraernos a las grandes cuestiones actuales; estamos ya metidos hasta el cuello en ellas. Si queremos estar plenamente en el mundo que nos ha tocado vivir, tendremos que intentar entender cómo es en realidad para poder actuar en él de forma eficaz y responsable. De esto se trata aquí.
Más información (en inglés) en la página principal de Games for Change y en la de Educational Simulations. Una versión de prueba bastante buena del juego Real Lives se puede descargar gratuitamente en la misma página web. Es preciso dar unos datos para ello, aunque el único realmente necesario es el e-mail.
miércoles, 16 de abril de 2008
Crítica de dos claves de la política jurídico-penal conservadora
Lo que sigue es una breve valoración sobre dos propuestas en materia de legislación penal que son una constante en los programas de la mayoría de partidos conservadores europeos, y de las que éstos con frecuencia hacen bandera: la elevación de penas y la expulsión de los inmigrantes que cometen delitos.
La mera severidad punitiva no es, en modo alguno, garantía de una menor criminalidad (que se supone el fin principal del Derecho Penal). Dicho en términos técnicos: la prevención general negativa no se consigue simplemente con la elevación de las penas. Un ejemplo singular de esto lo encontramos en la pena de muerte, la más dura de las imaginables: no sólo ningún estudio ha podido probar todavía su utilidad, sino que hay países cuyas tasas de delincuencia descendieron tras abolirla, como es el caso de Canadá en los años 70. Lo que es más, muchos de los países con los sistemas penales más aflictivos del mundo tienen también los índices de criminalidad más altos del mundo. Un ejemplo: EEUU.
Pero sobre todo, el aumento en la aflictividad de las sanciones penales tiene en no pocas ocasiones el efecto perverso de provocar algo a lo que ya se aludió en el post anterior: las situaciones de coste marginal cero por la comisión de nuevos delitos, es decir, aquellas en la que un nuevo delito o un delito más grave no incrementa la pena. Dichas situaciones existen de forma inevitable, dado que sea cual sea la naturaleza del castigo la capacidad humana de soportarlo es limitada, pero contribuir a su proliferación es contraproducente. Un ejemplo muy ilustrativo lo pone el magnífico Francisco Tomás y Valiente en su prólogo a De los delitos y las penas de Cesare B. Beccaria: en 1734 empezaron a castigarse con la muerte todos los robos y hurtos cometidos en Madrid y alrededores. El resultado fue que la gravedad de dichos delitos aumentó, y ello por una razón muy sencilla: si el riesgo es el mismo, es mejor cometer robos con gran expectativa de ganancia (asaltos a casas, p. ej.) que hurtos con posibilidades lucrativas menores, como atracos.
El segundo punto que conviene tratar es la expulsión de los delincuentes no nacionales. Esto debe ponerse en conexión con unas posiciones en general recelosas de los inmigrantes y un caladero de votos que las alimenta, rasgos importantes de la derecha europea contemporánea. Estas ideas fueron llevadas a la práctica en nuestro país por el PP con las reformas del Código Penal de 2003. La LO 11/2003 incluyó, entre otras medidas, la expulsión del territorio nacional de extranjeros sin residencia legal en España condenados a penas privativas de libertad de duración inferior a 6 años, como forma sustitutiva de éstas.
Esto sería aplicado en todos los supuestos, salvo casos excepcionales. Sin embargo, la generalidad de los jueces y magistrados han optado por acogerse a esta segunda cláusula de forma sistemática, dejando prácticamente inaplicada la reforma. Y ello para evitar su perniciosa consecuencia: un efecto llamada. Un efecto llamada generado por la posibilidad de unas "vacaciones delictivas" en España: venir a nuestro país, cometer un delito y simplemente ser devuelto a casa, si hay suerte, con lo obtenido.
Imaginemos un ejemplo: un ciudadano de otro país de la UE viaja a cualquier punto del territorio nacional y empieza a cometer delitos contra el patrimonio, cuyo fruto envía por transferencia bancaria a un cómplice que se halla en su país. Cuando es detenido y llevado ante un juez, se le condena a ser expulsado. Vuelve a su país y disfruta tranquilamente de las ganancias, a salvo de la Justicia local por haber sido ya condenado en España. Si ha sido suficientemente rápido y hábil, podría haber sustraído un botín cuantioso a cambio únicamente de ser privado del disfrute de la Costa del Sol: ¿no suena atractivo?
En ambos casos estamos ante propuestas de marcado carácter populista, hechas fundamentalmente para dar una imagen de "mano dura" en general y contra la inmigración en particular, y que se traducen en votos pero no en una mejora de la Justicia penal. La respuesta a la delincuencia, si quiere ser eficaz, ha de ser más compleja, fruto de una aproximación pluridisciplinar al fenómeno, y no exclusivamente legislativa.
La mera severidad punitiva no es, en modo alguno, garantía de una menor criminalidad (que se supone el fin principal del Derecho Penal). Dicho en términos técnicos: la prevención general negativa no se consigue simplemente con la elevación de las penas. Un ejemplo singular de esto lo encontramos en la pena de muerte, la más dura de las imaginables: no sólo ningún estudio ha podido probar todavía su utilidad, sino que hay países cuyas tasas de delincuencia descendieron tras abolirla, como es el caso de Canadá en los años 70. Lo que es más, muchos de los países con los sistemas penales más aflictivos del mundo tienen también los índices de criminalidad más altos del mundo. Un ejemplo: EEUU.
Pero sobre todo, el aumento en la aflictividad de las sanciones penales tiene en no pocas ocasiones el efecto perverso de provocar algo a lo que ya se aludió en el post anterior: las situaciones de coste marginal cero por la comisión de nuevos delitos, es decir, aquellas en la que un nuevo delito o un delito más grave no incrementa la pena. Dichas situaciones existen de forma inevitable, dado que sea cual sea la naturaleza del castigo la capacidad humana de soportarlo es limitada, pero contribuir a su proliferación es contraproducente. Un ejemplo muy ilustrativo lo pone el magnífico Francisco Tomás y Valiente en su prólogo a De los delitos y las penas de Cesare B. Beccaria: en 1734 empezaron a castigarse con la muerte todos los robos y hurtos cometidos en Madrid y alrededores. El resultado fue que la gravedad de dichos delitos aumentó, y ello por una razón muy sencilla: si el riesgo es el mismo, es mejor cometer robos con gran expectativa de ganancia (asaltos a casas, p. ej.) que hurtos con posibilidades lucrativas menores, como atracos.
El segundo punto que conviene tratar es la expulsión de los delincuentes no nacionales. Esto debe ponerse en conexión con unas posiciones en general recelosas de los inmigrantes y un caladero de votos que las alimenta, rasgos importantes de la derecha europea contemporánea. Estas ideas fueron llevadas a la práctica en nuestro país por el PP con las reformas del Código Penal de 2003. La LO 11/2003 incluyó, entre otras medidas, la expulsión del territorio nacional de extranjeros sin residencia legal en España condenados a penas privativas de libertad de duración inferior a 6 años, como forma sustitutiva de éstas.
Esto sería aplicado en todos los supuestos, salvo casos excepcionales. Sin embargo, la generalidad de los jueces y magistrados han optado por acogerse a esta segunda cláusula de forma sistemática, dejando prácticamente inaplicada la reforma. Y ello para evitar su perniciosa consecuencia: un efecto llamada. Un efecto llamada generado por la posibilidad de unas "vacaciones delictivas" en España: venir a nuestro país, cometer un delito y simplemente ser devuelto a casa, si hay suerte, con lo obtenido.
Imaginemos un ejemplo: un ciudadano de otro país de la UE viaja a cualquier punto del territorio nacional y empieza a cometer delitos contra el patrimonio, cuyo fruto envía por transferencia bancaria a un cómplice que se halla en su país. Cuando es detenido y llevado ante un juez, se le condena a ser expulsado. Vuelve a su país y disfruta tranquilamente de las ganancias, a salvo de la Justicia local por haber sido ya condenado en España. Si ha sido suficientemente rápido y hábil, podría haber sustraído un botín cuantioso a cambio únicamente de ser privado del disfrute de la Costa del Sol: ¿no suena atractivo?
En ambos casos estamos ante propuestas de marcado carácter populista, hechas fundamentalmente para dar una imagen de "mano dura" en general y contra la inmigración en particular, y que se traducen en votos pero no en una mejora de la Justicia penal. La respuesta a la delincuencia, si quiere ser eficaz, ha de ser más compleja, fruto de una aproximación pluridisciplinar al fenómeno, y no exclusivamente legislativa.
sábado, 12 de abril de 2008
Una lección dolorosa: la urgente necesidad de una Justicia eficaz
El reciente caso Mari Luz ha tenido un fortísimo impacto mediático, y ha sacado a la luz del debate público algunos problemas de suma importancia. Días después, la más reciente noticia del doble asesinato y suicidio por motivos sentimentales en el seno de la Guardia Civil ha dado la puntilla al silencio sobre un tema tantas veces soslayado: ¿qué falla en nuestra Administración de Justicia?
Una primera constatación es que por descoordinación, falta de seguimiento, y errores judiciales en general se han cometido varios crímenes que podían haberse evitado: el asesino de Mari Luz debía estar en la cárcel, pues tenía una condena pendiente de ejecución; y contra el autor del crimen pasional se habían solicitado órdenes de alejamiento. Así pues, la siguiente pregunta es ¿cómo se podrían haber evitado estos trágicos fallos?
Endurecer las penas, como propuso la portavoz del Grupo del PP en el Congreso, es una medida que no sólo se ha revelado ineficaz por sí sola en la prevención de delitos, sino que en nuestro caso no ataca la raíz del problema. Es una medida ineficaz por dos razones: primero, porque los crímenes que guardan relación con estados mentales patológicos o parapatológicos (casos mencionados) suelen ser cometidos sin sopesar el riesgo, es decir, en ellos falla la función preventivo-general de la pena. Y segundo, porque en no pocas ocasiones adelanta más de lo razonable la situación de coste marginal cero por nuevos delitos. Vemos, pues, que el simple aumento de las penas no es una medida eficaz en la prevención de delitos, y especialmente de estos delitos.
Pero lo más importante es que elevar las sanciones penales no tiene relación con la verdadera causa de este mal. Lo que la Justicia española enfrenta es un problema estructural. Un problema, fundamentalmente, de medios, como suelen repetir los abogados en ejercicio. La Administración de Justicia española se halla tecnológicamente atrasada, descoordinada y poco dotada de personal. Hay juzgados que están funcionando a más del 200% de su capacidad. Lo que se necesita son más jueces, más juzgados, mejores herramientas de seguimiento, y sobre todo un cambio profundo en la organización de los juzgados y tribunales. Es decir, se necesitan reformas estructurales de calado.
Y esto es una necesidad de primer orden, por una razón muy sencilla: el buen funcionamiento de la Justicia es la base y garantía de una convivencia social segura y en paz. Es la existencia de normas lo que nos separa de la jungla, lo que permite que convivamos en sociedad de manera más o menos civilizada. Pues bien, si esas normas no son eficaces, si no se hacen valer, es como si no hubiera normas. Pensemos en un país sin leyes: eso es lo que tendríamos en un país sin Administración de Justicia. España está, obviamente, muy lejos de esto, pero no conviene avanzar ni un milímetro por ese camino.
Durante el primer debate de investidura, se pudo oír al ya Presidente del Gobierno dedicar un tiempo inusitadamente extenso a esta cuestión, calificarla de prioritaria, y anunciar medidas decisivas. Ojalá que aprendamos esta dolorosa lección antes de que se repita.
Una primera constatación es que por descoordinación, falta de seguimiento, y errores judiciales en general se han cometido varios crímenes que podían haberse evitado: el asesino de Mari Luz debía estar en la cárcel, pues tenía una condena pendiente de ejecución; y contra el autor del crimen pasional se habían solicitado órdenes de alejamiento. Así pues, la siguiente pregunta es ¿cómo se podrían haber evitado estos trágicos fallos?
Endurecer las penas, como propuso la portavoz del Grupo del PP en el Congreso, es una medida que no sólo se ha revelado ineficaz por sí sola en la prevención de delitos, sino que en nuestro caso no ataca la raíz del problema. Es una medida ineficaz por dos razones: primero, porque los crímenes que guardan relación con estados mentales patológicos o parapatológicos (casos mencionados) suelen ser cometidos sin sopesar el riesgo, es decir, en ellos falla la función preventivo-general de la pena. Y segundo, porque en no pocas ocasiones adelanta más de lo razonable la situación de coste marginal cero por nuevos delitos. Vemos, pues, que el simple aumento de las penas no es una medida eficaz en la prevención de delitos, y especialmente de estos delitos.
Pero lo más importante es que elevar las sanciones penales no tiene relación con la verdadera causa de este mal. Lo que la Justicia española enfrenta es un problema estructural. Un problema, fundamentalmente, de medios, como suelen repetir los abogados en ejercicio. La Administración de Justicia española se halla tecnológicamente atrasada, descoordinada y poco dotada de personal. Hay juzgados que están funcionando a más del 200% de su capacidad. Lo que se necesita son más jueces, más juzgados, mejores herramientas de seguimiento, y sobre todo un cambio profundo en la organización de los juzgados y tribunales. Es decir, se necesitan reformas estructurales de calado.
Y esto es una necesidad de primer orden, por una razón muy sencilla: el buen funcionamiento de la Justicia es la base y garantía de una convivencia social segura y en paz. Es la existencia de normas lo que nos separa de la jungla, lo que permite que convivamos en sociedad de manera más o menos civilizada. Pues bien, si esas normas no son eficaces, si no se hacen valer, es como si no hubiera normas. Pensemos en un país sin leyes: eso es lo que tendríamos en un país sin Administración de Justicia. España está, obviamente, muy lejos de esto, pero no conviene avanzar ni un milímetro por ese camino.
Durante el primer debate de investidura, se pudo oír al ya Presidente del Gobierno dedicar un tiempo inusitadamente extenso a esta cuestión, calificarla de prioritaria, y anunciar medidas decisivas. Ojalá que aprendamos esta dolorosa lección antes de que se repita.
domingo, 6 de abril de 2008
Por una interpretación progresista de la españolidad
Existen hoy día varios fenómenos políticos comunes a la generalidad del Occidente, como es lógico dada la intensa sinergia que existe entre partidos del mismo signo a través de las fronteras. Dadas las importantes similitudes políticas, sociales y culturales que existen entre los países que conforman esta parte del mundo, no es sorprendente que la vida política de la mayoría de ellos responda en gran parte a las mismas claves.
Uno de estos fenómenos es el empeño de la derecha por monopolizar valores comunes. Es algo que resulta especialmente obvio en España, aunque en EEUU se manifiesta también con particular virulencia.
La jugada es sencilla pero inteligente: hay una serie de valores que son grosso modo compartidos por toda la sociedad. Si conseguimos que dichos valores aparezcan como nuestros en vez de como de todos, estamos a la vez atrayéndonos votos y deslegitimando al adversario.
Es lo que George Lakoff denomina Guerra Civil Cultural, una ambiciosa empresa en la que el conservadurismo de muchos países se halla embarcado. Se trata de copar el discurso público (conseguir que todo el mundo maneje los marcos de referencia conceptuales de los conservadores) para hacer aparecer los valores conservadores, la opción conservadora, como la única legítima. Sin esto, según Lakoff, los conservadores no pueden ganar porque sus políticas, al favorecer al gran capital, perjudican a la mayoría de votantes. (Vid. No pienses en un elefante, George Lakoff, Editorial Complutense, Madrid 2007)
Concretamente, en España, la derecha viene intentando al menos desde Aznar relacionar la españolidad con el conservadurismo. No es su única batalla cultural pero sí la más importante. ¿Quién no recuerda a Rajoy diciendo que su partido es el único que se siente orgulloso de ser español? Lo que se pretende con este discurso es transformar el valor del orgullo nacional, que es compartido grosso modo por todos, en un valor de derechas. Con ello se pretende atraer a quien se siente español hacia la derecha, ganado votos; y desprestigiar al adversario (en este caso el PSOE) presentándolo como poco menos que un traidor a la patria.
Hay que añadir que en nuestro país esto se ve reforzado por el poso de 40 años de retórica franquista: hay mucha gente que creció estudiando en la escuela que los rojos, es decir, la izquierda, eran unos traidores a España y que pretendían destruirla. Obviamente, lo que estaba en juego era la misma guerra cultural que hoy: legitimar la rebelión y posterior dictadura, presentándolas como la única opción patriótica; y deslegitimar al adversario izquierdista. Con el agravante de que aquél era el único discurso.
La izquierda española, además, no ha sabido reaccionar eficazmente contra esto. Quizá porque aún asocia, también, el patriotismo con la derecha. Porque acepta inconscientemente el marco de "amar a España es ser de derechas" y pretende diferenciarse de su adversario político con un discurso muy tímido en este sentido.
Por eso, todavía hoy, hay mucha gente en todo el espectro político que cree que sentirse español es de derechas, o que los españoles somos por naturaleza conservadores.
Sin embargo, creo que esto es falso. Creo que es perfectamente posible sentirse español y de izquierdas (la evidencia empírica así lo demuestra). Es más, creo que la españolidad y el progresismo no son sólo compatibles, creo que son parientes: al examinar la Historia de nuestro país, creo que podemos encontrar abundantes ejemplos. ¿Acaso no fuimos el tercer país del mundo en dotarse de una constitución escrita? ¿acaso no abolimos la pena de muerte e implantamos el voto femenino antes que muchos vecinos (p.ej. Francia)? ¿acaso no fuimos el primer país del mundo en legalizar el matrimonio homosexual con exactamente los mismos derechos y deberes que el heterosexual? ¿de las IX Legislaturas constituidas que llevamos, cuántas ha gobernado la izquierda y cuántas la derecha?
No pongo en duda la interpretación conservadora de la españolidad; creo que es evidente que también hay elementos conservadores en la identidad española. Pero también creo que en esa identidad los elementos progresistas no sólo están presentes, sino que son abundantes. Por eso creo que es tan posible como necesaria una interpretación progresista de la españolidad.
Uno de estos fenómenos es el empeño de la derecha por monopolizar valores comunes. Es algo que resulta especialmente obvio en España, aunque en EEUU se manifiesta también con particular virulencia.
La jugada es sencilla pero inteligente: hay una serie de valores que son grosso modo compartidos por toda la sociedad. Si conseguimos que dichos valores aparezcan como nuestros en vez de como de todos, estamos a la vez atrayéndonos votos y deslegitimando al adversario.
Es lo que George Lakoff denomina Guerra Civil Cultural, una ambiciosa empresa en la que el conservadurismo de muchos países se halla embarcado. Se trata de copar el discurso público (conseguir que todo el mundo maneje los marcos de referencia conceptuales de los conservadores) para hacer aparecer los valores conservadores, la opción conservadora, como la única legítima. Sin esto, según Lakoff, los conservadores no pueden ganar porque sus políticas, al favorecer al gran capital, perjudican a la mayoría de votantes. (Vid. No pienses en un elefante, George Lakoff, Editorial Complutense, Madrid 2007)
Concretamente, en España, la derecha viene intentando al menos desde Aznar relacionar la españolidad con el conservadurismo. No es su única batalla cultural pero sí la más importante. ¿Quién no recuerda a Rajoy diciendo que su partido es el único que se siente orgulloso de ser español? Lo que se pretende con este discurso es transformar el valor del orgullo nacional, que es compartido grosso modo por todos, en un valor de derechas. Con ello se pretende atraer a quien se siente español hacia la derecha, ganado votos; y desprestigiar al adversario (en este caso el PSOE) presentándolo como poco menos que un traidor a la patria.
Hay que añadir que en nuestro país esto se ve reforzado por el poso de 40 años de retórica franquista: hay mucha gente que creció estudiando en la escuela que los rojos, es decir, la izquierda, eran unos traidores a España y que pretendían destruirla. Obviamente, lo que estaba en juego era la misma guerra cultural que hoy: legitimar la rebelión y posterior dictadura, presentándolas como la única opción patriótica; y deslegitimar al adversario izquierdista. Con el agravante de que aquél era el único discurso.
La izquierda española, además, no ha sabido reaccionar eficazmente contra esto. Quizá porque aún asocia, también, el patriotismo con la derecha. Porque acepta inconscientemente el marco de "amar a España es ser de derechas" y pretende diferenciarse de su adversario político con un discurso muy tímido en este sentido.
Por eso, todavía hoy, hay mucha gente en todo el espectro político que cree que sentirse español es de derechas, o que los españoles somos por naturaleza conservadores.
Sin embargo, creo que esto es falso. Creo que es perfectamente posible sentirse español y de izquierdas (la evidencia empírica así lo demuestra). Es más, creo que la españolidad y el progresismo no son sólo compatibles, creo que son parientes: al examinar la Historia de nuestro país, creo que podemos encontrar abundantes ejemplos. ¿Acaso no fuimos el tercer país del mundo en dotarse de una constitución escrita? ¿acaso no abolimos la pena de muerte e implantamos el voto femenino antes que muchos vecinos (p.ej. Francia)? ¿acaso no fuimos el primer país del mundo en legalizar el matrimonio homosexual con exactamente los mismos derechos y deberes que el heterosexual? ¿de las IX Legislaturas constituidas que llevamos, cuántas ha gobernado la izquierda y cuántas la derecha?
No pongo en duda la interpretación conservadora de la españolidad; creo que es evidente que también hay elementos conservadores en la identidad española. Pero también creo que en esa identidad los elementos progresistas no sólo están presentes, sino que son abundantes. Por eso creo que es tan posible como necesaria una interpretación progresista de la españolidad.
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