Independencia de Kosovo: por lo menos, no así

Lo que sigue es una tribuna que se publicará próximamente en Glasnost, la revista de alumnos de la Facultad de Derecho (ICADE) de la Universidad Pontificia Comillas de Madrid. La limitación de espacio debida al formato (una cara por opinión, una en contra y otra a favor) ha traído consigo un considerable recorte respecto a lo que este su autor pretendía decir, aunque lo principal está dicho. Sin embargo, también le otorga brevedad, que en mi opinión es sin duda una virtud.

* * *

Es de sobra conocido que el pasado 17 de febrero, la provincia serbia de Kosovo proclamó de forma unilateral su independencia, provocando reacciones enfrentadas en el seno de la Comunidad Internacional. Ahora bien, ¿cuál ha de ser nuestra posición al respecto?

Creo que la independencia de Kosovo no debe ser reconocida, por tres motivos: por los Balcanes, por España (entre otros países), y por el Derecho Internacional.

Los Balcanes, a día de hoy, son un polvorín: por su extrema complejidad étnica, por las consecuencias de los múltiples conflictos que los han asolado en la última década, y por su delicado estado actual en términos económicos, políticos y sociales. Para dicho polvorín, la independencia de Kosovo puede ser aún más desestabilizadora. Ya de por sí lo es la incertidumbre sobre su futuro status (se desconoce si se unirá a Albania, con la que comparte etnia, lengua y religión o si permanecerá como Estado independiente), por no hablar de la posibilidad de que se convierta en un “agujero negro” controlado de facto por la mafia, y que sirva como entrada en Europa para terroristas, armas, drogas…En todo caso, su pésima situación socio-económica no presagia nada bueno al respecto (valga como ejemplo el dato del paro: 65%).

Sobre España, huelga decir que es sólo uno más de los múltiples países del mundo que incluye territorios con aspiraciones independentistas; y la independencia de Kosovo es peligrosa para todos ellos: recordemos que la declaración de independencia fue unilateral y con el rechazo frontal del Gobierno de Serbia, es decir, del país al que de iure pertenecía (de facto estaba administrada por la ONU). ¿Nos suena? El hecho de que dicha declaración vaya a ser o haya sido ya reconocida por la mayoría de los Estados del mundo, incluyendo a algunos de los más influyentes, sienta un precedente sumamente peligroso: ¿qué ocurriría si en alguna Comunidad Autónoma, un partido independentista (quizá en su gobierno) lanzase una declaración similar y otros Estados la reconocieran? Probablemente, conflicto grave. En idéntico brete están Rusia, que teme por Chechenia (entre otros); Moldavia, que teme por el Transdniéster…

Finalmente, el Derecho Internacional se vería gravemente dañado, puesto que Kosovo está violando la resolución 1244 (1999) del Consejo de Seguridad de la ONU, que garantiza su permanencia como provincia serbia; amén de varios principios generales. Esto consagra otro precedente impune de inobservancia del Derecho Internacional, que es lo que menos le conviene en una época en que su obligatoriedad está siendo puesta en entredicho, principalmente desde EEUU y sus aliados. En un mundo globalizado, el Derecho internacional es más necesario que nunca, porque es la respuesta global más eficaz a los nuevos retos y amenazas, que también son globales; y porque es la forma más eficaz de preservar la paz y el orden internacionales. Y actos como éste sólo contribuyen a debilitarlo.

Por todo ello, creo que reconocer la independencia de Kosovo, mientras ésta no se produzca con el aval de la ONU y del Derecho Internacional, es un gravísimo error; y me parece preocupante que un número creciente de Estados lo esté haciendo.

Otra buena cita, si me lo permiten

Esta nueva perla no es de ningún gran escritor, ni filósofo, ni jurista. Es mía. Espero que se me perdone la osadía, quizá el narcisismo de calificarla de “buena”, de “cita” y de “perla”, pero creo que resume rápido y bien gran parte (en honor a la verdad, no todo) de mi concepto de la profesión abogacil.

“La abogacía es un arte escénico” -Yo

Una segunda Transición

A día de hoy, parece muy extendida en España una acusada desazón sobre la política y las instituciones. Se diría que los españoles estamos, en gran parte, hartos de las personas y de las corporaciones que se supone que nos representan: da la impresión de que las instituciones fallan y de que la política es una continua discusión bizantina que en nada sirve a los ciudadanos. En suma, cunde entre nuestros compatriotas un sentimiento de impasse en la vida pública.

Los ejemplos sobran: se acusa a las Cortes de ser poco representativas, al Poder Judicial de estar politizado, al modelo territorial de desunir al país...y a los políticos de incompetentes, mediocres y marrulleros. Probablemente, los españoles que estarían más o menos de acuerdo con estas afirmaciones son la gran mayoría.

Las preguntas que me hago son : ¿de dónde viene y a dónde va todo esto?

Creo que lo que explica esta impresión generalizada es que España se encuentra en un cambio de ciclo. Nos hallamos en una fase de transición entre modelos político-institucionales: entre el modelo salido de la Transición democrática y uno nuevo que está por llegar y que ha de sucederle.

La Transición fue hecha, por suerte, por políticos con un gran sentido de Estado. Fue una época en que muchos tuvieron que renunciar a mucho, en que se tuvieron que hacer muchos sacrificios para que llegara la democracia. Ése era entonces el objetivo principal al que se subordinaba todo, y efectivamente se consiguió. Sin embargo, para ello fue preciso dejar algunas cuestiones sin resolver o mal resueltas, como por ejemplo el modelo territorial o las relaciones con la Santa Sede. Y esto nos legó un sistema político en conjunto bueno pero con algunos defectos estructurales importantes. Defectos que no le impidieron funcionar razonablemente bien durante bastantes años, pero que fueron agravándose y que hoy amenazan con derribarlo.

Así, el modelo surgido de la Transición ha logrado traer y consolidar la democracia, que era su principal objetivo; pero está agotado porque no ha podido o no le ha correspondido resolver varios problemas seculares que ya no pueden esperar más.

Es ese agotamiento de modelo lo que vemos. Agravado por la concurrencia de unos políticos mediocres, enzarzados en polémicas egoístas y estériles, que son incapaces de hacerle frente. En este contexto, no es de extrañar el sentimiento antes descrito. Ni tampoco que entre en escena un partido como UPD, que presenta un proyecto de reformas profundas nacido para superar ese cambio de ciclo, y que se apoya precisamente en esa desazón por la política.

Así, ¿cuál es ese modelo nuevo que está llamado a suceder al legado de la Transición, y cómo y cuándo llegará? Eso es algo que está por ver, pero hay algunas cuestiones que ya se perfilan con relativa claridad: respecto al cuándo, en primer lugar, parece que por el momento no. No, porque el actual clima político no podía ser menos propicio para llevar a cabo las reformas de calado que se necesitan: nos hallamos en un estado de permanente confrontación, en el que es imposible lograr el amplio consenso imprescindible para dar solidez y estabilidad al nuevo sistema (como se hizo en la Transición); y los principales políticos carecen por completo del sentido de Estado también imprescindible para la empresa, instalándose en una vacua, bronquista e incluso frívola mediocridad.


Si somos afortunados y jugamos bien nuestras cartas (léase votos), vendrá un tiempo en que los políticos y los partidos sí sean capaces de la concertación necesaria, pero dudo que esto ocurra pronto. Desde luego, no en la IX Legislatura Constituida, que surgirá de las próximas elecciones generales del 9 de marzo. Quizá sí en la X Legislatura, tras oportunas renovaciones en el seno de los dos grandes partidos, aunque en mi opinión lo más probable con diferencia es que haya que esperar a la XI Legislatura.

En cuanto al contenido de las reformas, en segundo lugar, tres aparecen como los principales ejes: la estructura territorial, el Poder Judicial y las Cortes Generales. La primera esperemos que sean más estable que la diseñada en el denostado Título VIII de la Constitución. La mayoría de las propuestas apuntan a una recuperación de competencias por parte del Estado, situando al nuevo modelo como un equilibrio entre el Estado y las CCAA constitucionalmente fijado, para evitar posteriores conflictos. Se repetiría así, a grandes rasgos, lo ocurrido en la República Federal Alemana.

Respecto al segundo, muchos claman por su despolitización, especialmente del TC y del CGPJ. Esto presenta, no obstante, el problema de la elección/designación de sus miembros: si no lo hacen las Cortes para evitar que se conviertan en testaferros de los partidos, ¿quién lo hace? ¿Los jueces? ¿jueces y fiscales? ¿los ciudadanos? ¿designación mixta?

Dentro de las terceras, la Cámara que, probablemente, sufrirá más cambios es el Senado. De ser una cámara de segunda lectura con escaso poder de decisión real (potestas) aunque con gran autoridad moral (auctoritas), pasará seguramente a ser una cámara territorial, acorde con el Estado Autonómico. El Congreso de los Diputados, o seguirá aproximadamente como está, o pasará a elegirse según una circunscripción nacional única. No obstante, el que escribe cree que esto podría mermar la representatividad de partidos que conviene que estén en el Congreso (como los nacionalistas), que desde luego alteraría el sistema de bipartidismo imperfecto (lo que está por ver que convenga), y que supondría aceptar y acentuar un modelo partitocrático y fuertemente plebiscitario, en el sentido weberiano del término.

En suma: cambio de ciclo, etapa de transición y proximidad de cambios profundos. Esperemos que llegado el momento nos comportemos con responsabilidad y sentido de Estado, porque mucho nos va en ello. En todo caso, un momento apasionante.

Por un sistema unificado de Responsabilidad Civil

El sistema jurídico español en materia de Responsabilidad Civil tiene dos cosas en común con el Dios de los cristianos: en primer lugar, es uno y trino; y en segundo, es muy difícil tratar con él.

Es uno y trino porque tiene dos divisiones que son, cuando menos, cuestionables, y que generan una triple regulación que resulta sumamente engorrosa: Responsabilidad Civil "pura" y "derivada del delito" por un lado, y Responsabilidad Civil "contractual" y "extracontractual" por otro. De esta forma, nos encontramos con tres regulaciones distintas: la RC "derivada del delito" se trata en el Código Penal, mientras que la "contractual" y la "extracontractual" se configuran, con algunas diferencias importantes, en el Código Civil. Todo esto genera confusión y merma la seguridad jurídica, sin que se hallen razones de peso para justificar la permanencia de tales divisiones.

Es conocido que el motivo por el que se incluyó la RC "derivada del delito" en el CP de 1822 es que se sabía que el CCiv iba a tardar debido a los Derechos Forales y se prefirió aprovechar la oportunidad para incluirla en un Código. Así se evitaba tener que recurrir a las Partidas y se le daba una regulación moderna. Sin embargo, esto nacía como solución temporal, hasta que el CCiv diseñase el sistema completo de RC, momento en el cual se suprimiría ese trozo de Derecho Civil incrustado en el Código Penal. ¿Por qué, desde 1889 hasta hoy, no se ha solucionado este anacronismo?

Hay quien aduce que la RC "derivada del delito" tiene un carácter distinto de la RC "pura", alegando entre otras razones una pretendida naturaleza punitiva. Sin embargo, hemos de rechazar de plano tesis como ésta por dos razones, una teórica y una práctica: Primero, que para el funcionamiento de la RC es absolutamente irrelevante la tipificación como delito del hecho del que nace. No nace de un delito, nace de un hecho dañoso, de cualquier hecho dañoso, sin importar si otras ramas del Ordenamiento le asignan otras consecuencias jurídicas. Como lo demuestra el hecho de que, si un acto que funda RC y además es delito deja de estar tipificado como tal, sigue fundando RC. De este modo, la Responsabilidad Civil y la Responsabilidad Criminal siguen caminos totalmente separados, aunque partan del mismo hecho. Y esto es así por sus diferentes fundamentos (resarcitorio vs. punitivo), que determinan diferentes procedimientos, sanciones, etc., es decir, diferentes sistemas. Lo que nos lleva a la segunda razón: consideraciones de este tipo tienden a acercar la Responsabilidad Civil y la Criminal, lo que es sumamente peligroso. No sólo es que la RC no tenga en modo alguno fundamento punitivo, sino que pretender que es así puede fácilmente llevar a la aplicación de sanciones sumamente aflictivas sin las debidas garantías penales y procesales. Algo así ya ocurre en EEUU con el instituto de los punitive damages (indemnizaciones punitivas, nótese la contradictio in terminis). Por no mencionar el problema de los plazos de prescripción de las acciones, cuya duplicidad lleva al fraude de presentar como delito hechos que no lo son para aparentar estar dentro del plazo. Así, esta distinción no solo es vana sino que puede llegar a ser perjudicial para la seguridad jurídica.

No obstante, es lícito que el Derecho Penal no desconozca la existencia o no de RC (e.g. a los efectos del otorgamiento de la libertad condicional). Bien entendido, esto no implica acercar la RC a lo penal, sino simplemente un sano ejercicio de visión de conjunto y de comunicación entre las diferentes ramas del Ordenamiento Jurídico. Lo mismo se puede decir de que se ventile la RC en el propio procedimiento penal, por un imperativo básico de economía procesal. Pero, evidentemente, todo esto no es óbice para un sistema unificado de Responsabilidad Civil.

En cuanto a la frontera entre RC "contractual" y "extracontractual", creo que lo poco nítida que es a día de hoy demuestra su poco sentido. Volvemos a lo mismo: que el hecho dañoso sea, además, incumplimiento de contrato no incumbe para nada al sistema de RC. Como lo prueba que el solo incumplimiento no presuma daño, sino que haya que probarlo: cumplimiento e indemnización siguen caminos distintos porque son cosas distintas; del primero conoce el sistema contractual y del segundo el sistema de RC. Por otro lado, también aquí hay una razón práctica: la existencia o no de contrato es con frecuencia difícil de determinar, lo que genera supuestos dudosos en que hay un gran problema: los plazos. Si hay contrato la acción prescribe a los 15 años, si no lo hay, al año. ¿Qué sentido tiene esto? Creo que el que se hayan tenido que adaptar figuras del Derecho Penal como el concurso de normas y de pretensiones demuestra que ninguno. De este modo, también esta división es injustificable, tanto conceptualmente como pragmáticamente.

En suma: la distinción de varios tipos de Responsabilidad Civil no sólo no se sostiene desde un punto de vista teórico, sino que además plantea numerosos problemas prácticos, tanto forenses (señaladamente los de los plazos) como didácticos. Creo que urge la necesidad de un sistema unificado de Responsabilidad Civil. Ojalá opinen lo mismo los señores de la Comisión General de Codificación.

Otra buena cita

Otra perla más para mi pequeño archivo. Creo que ésta en particular expresa lo que verdaderamente es una buena cita: la capacidad para encerrar un mar de sabiduría en una gota de luz que resplandece:

"La vida es aquello que va sucediendo mientras tú te empeñas en hacer otros planes" - John Lennon

Las tres opciones de la derecha española

La derecha española tiene, desde la llegada de la Democracia, un problema. Un problema que en algunos períodos ha estado latente y en otros ha creado profundas brechas, y al que desde la propia derecha se le han aplicado parches que, con mejor o peor fortuna, siempre han sido temporales. A día de hoy esta enfermedad la está fracturando por dentro con una virulencia inusitada.

Me refiero a un problema de identidad: en el tiempo que llevamos de legislaturas constituidas, las derecha en su conjunto no parece haber estado nunca segura de su papel. Inquieta, desasosegada, menos unida de lo que ha aparentado. No acaba de encontrar su lugar, su nicho en nuestro particular ecosistema político.

Esto es así porque desde la transición han pugnado en la derecha democrática española (más o menos abiertamente) varias corrientes, varias tendencias con conceptos distintos del papel de un partido conservador, sin que ninguna llegase a afirmar una hegemonía duradera. Huelga decir que con "derecha" me refiero al PP (ex AP), que es el único partido de ámbito nacional relevante en esta región del mapa ideológico. Así, cabe distinguir en él tres escuelas: la de Fraga, la de Aznar y, más recientemente, la de Aguirre.

Fraga, fundador de AP, representa la derecha española más razonable, con una propuesta conservadora moderada claramente democristiana y bastante pragmática, a la que no le cuesta dialogar. Sus representantes actuales son algunos de los mejores activos del PP: Núñez Feijóo, Gallardón, Piqué o Rato (estos dos últimos en la reserva). Esta derecha se encuentra cómoda en el entramado constitucional y suele hacer gala de un elegante fair play.

Aznar, por el contrario, es el adalid de ayer y mito de hoy de un sector algo menos numeroso pero potente, representado por los hombres fuertes de la oposición Acebes y Zaplana, a cuyo socaire se ha situado el tibio Rajoy. Se trata de una derecha mucho más conservadora, con posiciones ideológicas más extremadas y agresivas, y que sólo se encuentra en su salsa cuando puede gobernar sin preguntar a nadie. Este ala del PP, inicialmente modesta, se creció enormemente con los éxitos de Aznar, que la aupó a la dirección del partido. Aunque no es en modo alguno extrema derecha, tiene el mérito de haber logrado absorber y civilizar la mayoría de ésta, desactivándola.

La condesa consorte Aguirre, por su parte, lidera una corriente minoritaria pero en ascenso, que podríamos calificar como el ala neocon del PP. Se trata de una derecha que combina una ideología conservadora tradicional, de marchamo católico, con un programa profundamente neoliberal. Aunque pone efectivamente en práctica sus ideas, su discurso no acusa ninguna influencia teocon: por más que dé subvenciones públicas a asociaciones católicas antiabortistas, nunca menciona a Dios en sus discursos. Su proyecto estrella es la privatización de la sanidad.

En el momento de escribir esto los herederos de Aznar se aferran al trono, mientras que Aguirre afila queda sus sables de cara a la guerra de sucesión, cuyas primeras notas ya han sonado, y el aspirante fraguista, Gallardón, se rehace de su (aparente) derrota en la primera escaramuza. En general su ala está desunida, con Piqué y Rato (de momento) fuera de juego, pero aún puede sonar el cuerno de batalla.

Quien logre hacerse con el mando puede lograr unir a la derecha española y darle un papel en la escena política para que, por fin, sepa la derecha democrática española quién es y cuál es su misión. O, por el contrario, puede prolongar una división interna que ha debilitado y desprestigiado a su partido y que ha costado cara a la política nacional. El Partido Popular se juega mucho en esta partida, pero no es el único. Lo que pase aquí no importa sólo al PP. Nos importa a todos. España entera se juega mucho en esta partida.

Otra buena cita

Esta nueva perla se le atribuye a Josef BREUER (1842 - 1925), el médico vienés con quien Sigmund Freud empezó a trabajar sobre la histeria, en la excelente película sobre el padre del psicoanálisis Freud, pasión secreta, de John Huston. No he podido comprobar si realmente salió de sus labios alguna vez, pero ¿qué más da si es apócrifa o no, siendo tan buena como es?

"La verdad es un veneno peligroso, que debe administrarse con la misma cautela que la estricnina: puede ser mortal" - Josef Breuer

Jaime Justicia

Hay en Nueva York un hombre que se dedica a denunciar públicamente, via internet, a los policías de tráfico que creen estar por encima de la Ley. Este hombre, armado tan sólo con una cámara y un desparpajo en ocasiones rayano en la temeridad, graba vídeos de agentes quebrantando las mismas normas que en teoría defienden y los cuelga en YouTube, donde tiene un canal propio. A este hombre se le conoce tan sólo por un pseudónimo: Jimmy Justice. Por cierto que recientemente ha aparecido en nuestro país un digno émulo de sus proezas: un tal Álvaro Puerta, del que todavía sabemos muy poco y cuya, de momento, única acción ha sido la denuncia de una infracción por parte de la Policía Municipal madrileña en Ciudad Universitaria.

No se puede negar que todo el asunto tiene una considerable vis comica. Sin embargo, por pintoresco que este justiciero del asfalto pueda parecer, la enseñanza que se puede sacar de sus acciones no es cosa baladí. Todo lo contrario: es algo de capital importancia. Lo que Jimmy Justice nos recuerda es que, ante un abuso del poder, no podemos permanecer pasivos.

Resulta un deslizamiento sumamente fácil para los que están investidos de potestad para ordenar creer que la tienen por ellos mismos. Creer que el poder es suyo, que no rinden cuentas. Es una tentación muy fuerte la de sustraerse al escrutinio público. Y es una tentación que da comienzo a muchas pesadillas. No nos engañemos, este demonio acecha a todos los poderosos, también a los nuestros. Por eso, no debemos permitir ni un paso más allá de la línea. No debemos ceder ni un ápice de autonomía. Por eso, no debemos olvidar que el poder nunca pertenece a quien lo ejerce, sino solamente al pueblo. Porque, como decía V, "el pueblo no debería temer a los gobiernos. Los gobiernos deberían temer al pueblo".

El canal de Jimmy Justice en YouTube es JimmyJustice4753. La primera aparición de Álvaro Puerta tuvo lugar en la sección Yo, periodista de El País.com el pasado 30 de enero, bajo el título "la ley tampoco aparca bien". Se hace eco de ella una entrada del mismo día en el blog Escribiendo, cuyo autor afirma ser confidente de Puerta.