Una lección dolorosa: la urgente necesidad de una Justicia eficaz

El reciente caso Mari Luz ha tenido un fortísimo impacto mediático, y ha sacado a la luz del debate público algunos problemas de suma importancia. Días después, la más reciente noticia del doble asesinato y suicidio por motivos sentimentales en el seno de la Guardia Civil ha dado la puntilla al silencio sobre un tema tantas veces soslayado: ¿qué falla en nuestra Administración de Justicia?

Una primera constatación es que por descoordinación, falta de seguimiento, y errores judiciales en general se han cometido varios crímenes que podían haberse evitado: el asesino de Mari Luz debía estar en la cárcel, pues tenía una condena pendiente de ejecución; y contra el autor del crimen pasional se habían solicitado órdenes de alejamiento. Así pues, la siguiente pregunta es ¿cómo se podrían haber evitado estos trágicos fallos?

Endurecer las penas, como propuso la portavoz del Grupo del PP en el Congreso, es una medida que no sólo se ha revelado ineficaz por sí sola en la prevención de delitos, sino que en nuestro caso no ataca la raíz del problema. Es una medida ineficaz por dos razones: primero, porque los crímenes que guardan relación con estados mentales patológicos o parapatológicos (casos mencionados) suelen ser cometidos sin sopesar el riesgo, es decir, en ellos falla la función preventivo-general de la pena. Y segundo, porque en no pocas ocasiones adelanta más de lo razonable la situación de coste marginal cero por nuevos delitos. Vemos, pues, que el simple aumento de las penas no es una medida eficaz en la prevención de delitos, y especialmente de estos delitos.

Pero lo más importante es que elevar las sanciones penales no tiene relación con la verdadera causa de este mal. Lo que la Justicia española enfrenta es un problema estructural. Un problema, fundamentalmente, de medios, como suelen repetir los abogados en ejercicio. La Administración de Justicia española se halla tecnológicamente atrasada, descoordinada y poco dotada de personal. Hay juzgados que están funcionando a más del 200% de su capacidad. Lo que se necesita son más jueces, más juzgados, mejores herramientas de seguimiento, y sobre todo un cambio profundo en la organización de los juzgados y tribunales. Es decir, se necesitan reformas estructurales de calado.

Y esto es una necesidad de primer orden, por una razón muy sencilla: el buen funcionamiento de la Justicia es la base y garantía de una convivencia social segura y en paz. Es la existencia de normas lo que nos separa de la jungla, lo que permite que convivamos en sociedad de manera más o menos civilizada. Pues bien, si esas normas no son eficaces, si no se hacen valer, es como si no hubiera normas. Pensemos en un país sin leyes: eso es lo que tendríamos en un país sin Administración de Justicia. España está, obviamente, muy lejos de esto, pero no conviene avanzar ni un milímetro por ese camino.

Durante el primer debate de investidura, se pudo oír al ya Presidente del Gobierno dedicar un tiempo inusitadamente extenso a esta cuestión, calificarla de prioritaria, y anunciar medidas decisivas. Ojalá que aprendamos esta dolorosa lección antes de que se repita.